El interminable conflicto entre Disney y Florida suma un nuevo capítulo en medio de un proceso judicial

Walt Disney, la compañía de entretenimiento más importante de Florida, acusó esta semana al gobernador de dicho estado y aspirante presidencial, Ron DeSantis, de estar perpetrando un “motín constitucional”, en referencia al proceso legal que ambos bandos mantienen desde el 2022.

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“Si no se traza la línea aquí, no habrá ninguna”, advirtió Disney dentro del escrito que remitió a la corte federal de Florida encargada del caso.

“La represalia contra Disney por cruzar la ‘línea’ del gobernador fue rápida y severa. Con el propósito explícitamente declarado de castigar a Disney por sus comentarios, el Estado inmediatamente despojó a Disney de sus derechos de voto en el organismo rector que supervisa el uso que hace Disney de sus propios derechos en propiedad privada”, agrega el documento.

De esta forma, la batalla que mantienen Disney y DeSantis desde principios del 2022 no da tregua.

Para entender el enfrentamiento entre DeSantis y Disney hace falta remontarnos hasta el 28 de enero del 2022. Aquel día, el congresista estatal republicano Joe Harding presentó el proyecto de Ley 1834 al Parlamento local.

El texto indicaba que “un distrito escolar no puede fomentar la discusión en el aula acerca de la orientación sexual o la identidad de género en los grados de escuela primaria o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes”.

Esto llevó a que rápidamente el proyecto fuera rebautizado como “Don’t say gay” (No digas gay, en español) por la larga lista de opositores que alzaron su voz en todo el país desde el primer momento.

Pese a la resistencia de diferentes organismos, activistas y las críticas de la propia Casa Blanca, el proyecto de ley fue apoyado firmemente por el gobernador DeSantis y los legisladores estatales republicanos, llevando a que fuera aprobado tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado local, el 2 y 8 de marzo, respectivamente.

El 9 de marzo, el CEO de Disney, Bob Chapek, se comunicó con el gobernador para expresarle que la compañía se oponía a esta legislación y lo invitaba a sostener una reunión con voceros LGBT de la compañía.

DeSantis no asistió a la reunión pese a haberla aceptado según el CEO Disney. Ante esto, Chapek anunció de inmediato que Disney suspendería de forma inmediata todo tipo de donaciones a políticos en Florida y un par de semanas después calificó el proyecto como “un ataque a los niños LGBTQ+ y sus familias. Disney está en contra de esta ley y trabajaremos para derogarla”.

Las declaraciones de Chapek no cayeron nada bien a DeSantis. El 28 de marzo del 2022 firmó el proyecto aprobado por los legisladores, convirtiéndolo en ley y emprendió una agresiva ofensiva sobre Disney, a la que calificó de ‘wokes’, traducido al español como ‘progre’ y utilizado por los conservadores de forma despectiva.

El 18 de abril, además, presentó un proyecto de ley para eliminar el estatus especial del que gozaba Disney desde 1967. “Disney tiene demasiado poder y privilegios en Florida. Es hora de que terminemos con eso”, aseguró al respecto DeSantis.

En solo tres días, tanto la Cámara de Representantes como el Senado de Florida, aprobaron una serie de proyectos entre los cuáles se eliminaba el estatus único de Reedy Creek, como se conoce al distrito donde fueron construidos los famosos parques temáticos de Disney.

Reedy Creek abarca alrededor de 10.117 hectáreas (101.17 kilómetros cuadrados) en los condados de Orange y Osceola; es decir, un área equivalente a dos veces el distrito de Santiago de Surco o más de 10 veces el área total de Miraflores.

La condición de distrito de propósito especial le otorgaba a Walt Disney World el control gubernamental sobre la tierra y alrededores, lo que incluye el mantenimiento de las vías y servicios.

El 22 de abril, DeSantis firmó la disolución de Reedy Creek, una medida que entraría en vigencia desde junio del 2023.

En respuesta, Disney demandó al estado de Florida. “Esta ley es un ataque a la empresa y a nuestros empleados. La demandamos para proteger nuestros derechos y asegurarnos de que podamos seguir operando en Florida”, explicaba Chapek en aquella oportunidad.

El 20 de noviembre del 2022, en una movida interpretada por diversos analistas como un guiño hacia la administración DeSantis, Disney anunció que Bob Iger reemplazaría a Chapek como CEO de la compañía.

En febrero del 2023, sin embargo, las pequeñas opciones de conciliación entre ambos bandos se echaron por tierra luego de que un comité del Parlamento estatal impulsara más cambios sobre la nueva condición de Reedy Creek. Los legisladores proponían cambiar el nombre por el del Distrito de Supervisión Turística de Florida Central.

El 26 de abril del 2023, Disney presentó una nueva demanda contra DeSantis, esta vez acusando al gobernador de lanzar una “campaña selectiva de represalias” debido a sus diferencias políticas.

Esto fue respondido por el gobierno estatal con una contrademanda en la que buscaban anular la movida que realizó con la administración anterior y que habría restado el poder a la nueva junta.

Dos semanas más tarde, Disney anunciaría la suspensión de sus planes para abrir un campus junto al Lago Nona, en Orlando, lo que implicaba una inversión de mil millones de dólares. La compañía también anunció que donaría 5 millones de dólares a organizaciones LGBTQ+ en Florida.

En julio de este año, como estaba previsto, entró en vigencia la ley “Don’t say gay”. Una muestra de los efectos de esta normativa fue la decisión adoptada por el Distrito de Supervisión de Turismo de Florida Central en agosto, cuando anunció que los programas de diversidad, equidad e inclusión quedaban abolidos en el distrito.

Al mismo tiempo se anularon las iniciativas para promover la contratación de miembros de minorías, raciales o de género, que mantenía Disney en su intento por alcanzar una mayor paridad.

Estas medidas se enmarcan en la denominada ley “Stop Woke”, también impulsada por DeSantis y que impide que las empresas, universidades y escuelas públicas de Florida destinen fondos a programas de diversidad.

“Nuestro distrito ya no participará en ningún intento de dividirnos por raza o promover la noción de que no fuimos creados iguales”, dijo al respecto el nuevo administrador del antiguo Reedy Creek, Glenton Gilzean.

En una entrevista ofrecida en agosto de este año, DeSantis sugirió al actual CEO de Disney, Bob Iger, que abandonase la demanda judicial y acepte el fin de lo que consideró “privilegios especiales”.

Actualmente, el juicio entre Disney y DeSantis se encuentra en periodo de apelación en el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos, luego de que en octubre de este año la Corte Suprema de Florida rechazara el pedido de la compañía para bloquear la ley.

Las declaraciones que se conocieron esta semana, en las que Disney alerta sobre un motín constitucional por parte de DeSantis, se dan en el marco de dicho proceso.

Adicionalmente, a inicios de este año un grupo de empleados de Disney demandó al gobierno estatal asegurando que la ley “Don’t say gay” violaba sus derechos. Ese proceso se encuentra pendiente en un tribunal floridano.