Congreso de Bolivia promulga ley para el uso del dióxido de cloro en el tratamiento del coronavirus

La Asamblea Legislativa de Bolivia promulgó este miércoles una controvertida ley que apoya el uso del dióxido de cloro para tratar a enfermos de coronavirus.

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La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, que ejerce como presidenta del Parlamento, promulgó esta norma que desde agosto estaba pendiente de sanción por parte del gobierno interino.

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La Asamblea Legislativa de Bolivia tiene mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales, que mantiene un pulso con el Ejecutivo interino de Jeanine Áñez, quien se ha negado a promulgar varias leyes y ha sido quien ejerce como presidenta del Parlamento, Eva Copa, del partido mayoritario, quien las ha sancionado.

Copa promulgó esta norma amparada en un inciso del artículo 163 de la Constitución que señala que las leyes remitidas al Ejecutivo pueden ser observadas por el presidente del gobierno en el término de diez días hábiles desde el momento de su recepción, pero si no, puede promulgarlas quien dirija el Parlamento.

La norma del uso del dióxido de cloro fue remitida por el gobierno transitorio de Áñez al Tribunal Constitucional, para que determine si va acorde a la Constitución.

De forma excepcional, la ley prevé liberar de aranceles la importación del producto, cuyo “uso alternativo” está previsto “mientras exista riesgo de contagio de coronavirus”, según el MAS, que espera que la norma acabe con un “mercado negro” de este químico en el país.

La elaboración del producto corresponderá a laboratorios autorizados y su envase debe informar de la dosis y las precauciones con que debe tomarse, para su comercialización en farmacias y clínicas autorizadas pero sin necesidad de receta médica, de acuerdo a esta norma.

El gobierno de Áñez advirtió varias veces de que no se use el dióxido de cloro como remedio para el COVID-19 por los riesgos a la salud, alertados por organismos sanitarios internacionales y varios países en distintos continentes, por efectos nocivos como la destrucción de tejidos en los sistemas respiratorio, gastrointestinal, hepático y renal.

Otra norma promulgada por Copa, conocida como la “ley de arraigo”, obliga a las autoridades a quedarse en el país por tres meses después de concluir su gestión.

Esta ley también fue observada por el Ejecutivo, que la envió la norma al Tribunal Constitucional para su revisión.

Estas normas se promulgan a cuatro días de las elecciones nacionales en el país para elegir presidente, senadores y diputados.