El gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa planteó el lunes la extradición de connacionales vinculados al crimen como medida para combatir la violencia a causa del narcotráfico que azota a su país, lo que deberá ser resuelto en una consulta popular.
Esa iniciativa ya fue impulsada por el exmandatario Guillermo Lasso (2021-2023), pero fue rechazada en un referendo celebrado en febrero pasado junto a elecciones locales.
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El Ejecutivo presentó ante la Corte Constitucional para su aprobación nueve preguntas adicionales a las once propuestas hace una semana para ser sometidas a consulta popular.
“La primera (pregunta) tiene que ver con la extradición, que es una demanda ciudadana, pero esta vez con una modificación jurídica pertinente, no como la que existió hace algunos meses” y que no fue aceptada por los electores, dijo a la prensa el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, sin brindar más detalles sobre la nueva propuesta.
Otra pregunta promueve la aplicación de la extinción de dominio, con la que el gobierno espera despojar a criminales de bienes obtenidos de manera ilícita.
Este es uno de “los clamores ciudadanos para combatir la delincuencia y el crimen organizado”, añadió Torres.
Hace una semana, Noboa -en el poder desde noviembre para un período de año y medio al ser elegido en comicios anticipados- presentó los ejes de una consulta popular como el incrementar penas para delitos del crimen organizado y asignar más funciones a los militares en un país castigado por el narcotráfico.
La Corte Constitucional deberá dar luz verde a cada una de las 20 preguntas y de cumplirse los plazos, la consulta se realizaría entre marzo y abril.
La mayoría de las interrogantes giran en torno al combate del crimen organizado y las bandas criminales con nexos con carteles de México y Colombia, que se disputan a sangre y fuego el dominio del tráfico de drogas.
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“Esperamos que por los ecuatorianos, por el futuro del país, haya un sí a estos requerimientos ciudadanos”, manifestó Torres.
La guerra por el poder entre organizaciones del narco dejan más de 460 presos muertos en matanzas entre sí desde 2021.
Además, los homicidios en las calles entre 2018 y 2023 crecieron en casi 800% al pasar de 6 a 46 por cada 100.000 habitantes.
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