Ratifican no hubo operativo específico para aprehender a los 4 menores desaparecidos en Ecuador

El ministro ecuatoriano de Defensa, Gian Carlos Loffredo, y otras autoridades del área de seguridad, acudieron este lunes ante una comisión de la Asamblea Nacional para informar sobre el caso de los cuatro menores desaparecidos el pasado 8 de diciembre, cuando fueron aprehendidos por una patrulla militar en Guayaquil.

En su comparecencia ante la comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, las autoridades reiteraron que “no hubo un operativo específico” para aprehender a menores y repitieron que éstos fueron dejados con vida en una zona de la provincia del Guayas, una de las más peligrosas del país.

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Recalcaron que la aprehensión ocurrió cuando la patrulla militar regresaba a la base aérea de la zona de Taura, tras haber apoyado a la Secretaría Nacional de Aduanas en otra misión.

Las autoridades insistieron en que los militares aprehendieron a los menores en una zona donde se había denunciado el presunto robo a una mujer, y anotaron que la patrulla no informó de inmediato sobre la aprehensión de los menores a su superior.

Asimismo, apuntaron que en los informes no se manifiesta si los militares se pusieron en contacto, o no, con los representantes legales de los aprehendidos.

Además de Loffedo, en la comparecencia participó el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, y otros representantes de los militares.

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Conflicto armado interno

Por su parte, este lunes organizaciones de derechos humanos (DD.HH.) exigieron verdad, justicia y reparación “frente a la desaparición forzada” de los menores y demás “casos de graves violaciones de derechos humanos en 2024″.

En un comunicado, recordaron que el pasado 9 de enero, el presidente, Daniel Noboa, declaró por primera vez la existencia de conflicto armado interno contra las bandas criminales, movilizando a las Fuerzas Armadas a escala nacional, incluyendo las cárceles.

“En este contexto, se promovió el uso de la fuerza letal para ‘neutralizar grupos terroristas’”, anotaron al recordar que esa declaratoria fue cuestionada por organizaciones de DD.HH. nacionales e internacionales, quienes advirtieron que dicha medida ponía “en grave riesgo la vida y la integridad de la ciudadanía”.

Asimismo, señalaron que la situación en Ecuador y la justificación del Ejecutivo “no cumplía -ni cumple- con los requisitos establecidos para tal declaratoria”, que se dio en un momento de un recrudecimiento de hechos violentos en el país, que incluyeron motines en cárceles y la toma de un canal de televisión por parte de encapuchados armados, durante una transmisión en vivo.

En el escrito, las organizaciones recordaron que se alertó de que la movilización de los militares, entrenados para combatir al “enemigo”, era una medida mediática que reforzaba “un enfoque securitista y punitivista” y ponía “en grave riesgo derechos humanos fundamentales”.

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Investigaciones rigurosas

En el comunicado, los organismos de DD.HH. denunciaron la “desaparición forzada” de los cuatro menores afrodescendientes, de entre 11 y 15 años, “como hechos sistemáticos que están ocurriendo en todo el país en contra de la población joven, empobrecida y racializada”.

Exigieron a la Corte Constitucional hacer respetar sus dictámenes y asegurar que la movilización de los militares para tareas de seguridad ciudadana sea temporal, extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

Además, pidieron que “los casos de graves violaciones” a los DD.HH. supuestamente “ocurridos en 2024 sean investigados, acompañados y resueltos” conforme a la naturaleza de los casos y la normativa vigente.

Exigieron investigaciones rigurosas y ágiles, y responsabilizaron a Noboa, “por las graves violaciones” a los derechos humanos presuntamente ocurridas este año.

En el escrito también responsabilizan a Loffredo “por los ataques” que han recibido las familias de los menores en redes sociales “por medio de campañas de estigmatización y desinformación”.

Exigieron al Parlamento que, por “justicia a todos los casos de graves violaciones” de DD.HH. se enjuicie políticamente” a Loffredo, y formularon un llamamiento a organismos internacionales de derechos humanos para que visiten Ecuador para constatar “los hechos ocurridos durante el 2024″.