“Es uno de los escándalos más gruesos para el gobierno”: los archivos secretos que enlazan a Petro con el terrorismo

El mandatario que llegó con altísimas expectativas de cambio está ahora sumido en otro escándalo que está afectando aún más la credibilidad de su gobierno.

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El domingo pasado, una investigación periodística de Noticias Caracol reveló cómo el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), uno de los grupos insurgentes liderado por alias ‘Calarcá Córdoba’, infiltró organismos de seguridad y, al parecer, mantenía contactos con dos hombres claves cercanos al presidente Petro.

Se trata de Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, quienes habrían entregado información sensible a los narcoterroristas para evitar los controles de la policía y el ejército, además de ofrecerles crear una empresa de seguridad de fachada para que pudieran obtener armas de manera legal.

1

Alexander Díaz (alias Calarcá Córdoba)

Jefe del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF)

El grupo está integrado por insurgentes de las antiguas FARC que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en el 2016. En un inicio formaron parte del EMC, pero en el 2024 se escindieron. 

2

Juan Miguel Huertas

General y jefe del Comando de Personal del Ejército

En el 2021 fue retirado de las FFAA por informaciones que lo relacionaban con grupos armados. En el 2022 se sumó a la campaña de Petro, quien lo reintegró al servicio activo.

3

Wilmar Mejía

Director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)

Licenciado en Educación Física, ingresó en el 2024 a la DNI como informante, pese a no tener experiencia en seguridad. También formó parte de la campaña de Petro.

“Este es uno de los escándalos más gruesos para el gobierno en esta época preelectoral, que tiene un efecto no solo en la gestión sino en un tema que ha sido clave, que es el de la seguridad y donde ha habido pocos éxitos”, expresa a El Comercio el analista colombiano Juan Nicolás Garzón, docente de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Sabana, en Bogotá. “El hecho que se hable de infiltraciones de las disidencias en los organismos de inteligencia pone al descubierto todas las debilidades en la estrategia de seguridad del gobierno, y las dificultades que ha enfrentado para consolidar el proyecto de la paz total, que era su proyecto bandera”, añade.

La revelación ha desatado un terremoto político en Colombia. La fiscalía ya inició indagaciones y la procuraduría suspendió el jueves a Huertas y Mejía de sus puestos, cuyos rápidos ascensos en los organismos de seguridad también dejan sospecha, sobre todo porque se trata de hombres de confianza del mandatario.

Pero no solo eso. Esta información la tenían las autoridades desde julio del 2024, cuando militares detuvieron al propio Calarcá y otros insurgentes y les incautaron computadoras, celulares y memorias USB. La fiscalía decidió liberar a Calarcá argumentando que era un gestor de paz debido a que aún mantiene negociaciones con el gobierno.

“Estos criminales, que ya han perdido cualquier connotación política, viajaban en camionetas blindadas del Estado. La fiscalía los libera señalando que son gestores de paz, que es una figura que surgió en 1997 durante el gobierno de Ernesto Samper para darles permisos a algunos guerrilleros que formaban parte de negociaciones para que tuvieran cierta movilidad; pero esto se ha distorsionado, sobre todo durante este gobierno, otorgándoles impunidad”, comenta a DW en Español el exfiscal general de Colombia, Alfonso Gómez Méndez.

Inventos de la CIA

Tras conocerse las filtraciones, el presidente Petro prefirió optar por la negación, avalando a Huertas y Mejía y señalando que la CIA había entregado información falsa al canal de televisión; pero con el transcurrir de los días ha solicitado a la Fiscalía que esclarezca la veracidad de las informaciones halladas en los dispositivos de los terroristas.

“Esto forma parte de la estrategia del presidente de concentrarse más en el mensajero y no en el mensaje, que inició una campaña para cuestionar la credibilidad del medio que reveló la información, que además es un canal importante en Colombia. Pero estas denuncias pueden terminar escalando y afectando a las fuerzas del gobierno que se van a presentar a las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año”, señala Garzón.

Esto ocurre en medio de la tensión entre la administración Trump y el presidente Petro, a quien retiró la visa e impuso sanciones financieras por considerar que no está combatiendo el narcotráfico, además de la descertificación a Colombia como aliado en la lucha contra las drogas.

Guerra entre disidencias

La disidencia comandada por Calarcá, el EMBF, es una escisión del principal grupo insurgente de Colombia, el EMC o Estado Mayor Central, liderado por alias Iván Mordisco. Ambos grupos están enfrentados y combaten entre ellos por el control del territorio, sobre todo de los corredores de droga, que sigue siendo su principal negocio.

En los tumbos que ha venido dando la paz total, Petro suspendió el diálogo con el EMC el año pasado tras varios atentados y complicaciones en las negociaciones, y decidió pasar del diálogo al enfrentamiento ordenando bombardeos y acciones militares contra esta insurgencia.

“Estos bombardeos también han generado otros problemas pues han estado más enfocados en combatir a alias ‘Mordisco’ y menos concentrados en el otro protagonista, que es alias ‘Calarcá’, entonces todo esto complejiza mucho más un panorama ya bastante oscuro”, comenta Garzón.

A esto hay que añadir las denuncias de ‘Iván Mordisco’ de que habría financiado la campaña electoral de Petro del 2022, involucrando a la vicepresidenta Francia Márquez, quien está distanciada del mandatario, pero negó tajantemente las acusaciones.

Para atizar el escándalo, los bombardeos contra las insurgencias del EMC han provocado la muerte de menores de edad reclutados por los propios terroristas. Según las autoridades, en las ofensivas militares entre agosto y noviembre de este año han fallecido 15 menores, desatando la indignación de los organismos de derechos humanos en el país.

“La política de paz total ya venía lesionada, con pocos alcances y pocas victorias que el gobierno pudiera reivindicar. Entonces, estas filtraciones le dan una estocada a este proyecto”, prosigue Garzón.