De qué se acusa a Luis Fernando Camacho, el líder de la oposición en Bolivia que fue arrestado

La Fiscalía anticipó el jueves que pedirá la prisión preventiva por seis meses del gobernador Luis Fernando Camacho, el principal líder de la oposición boliviana, cuya detención desató disturbios que incluyeron la quema de seis oficinas públicas y una treintena de vehículos.

Camacho, gobernador de Santa Cruz, pasó la noche en una celda policial de La Paz adonde fue llevado para responder por cargos de presunto terrorismo con relación a la crisis de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales tras unas elecciones denunciadas de fraudulentas.

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El fiscal Omar Mejillones dijo en una rueda de prensa que pedirá la cárcel preventiva para Camacho porque “no tiene una residencia habitual” y viaja de forma constante, lo cual puede obstaculizar la investigación. El detenido comparecerá en las próximas horas ante un juez que podría ordenar que se defienda en libertad o enviarlo a la cárcel.

El gobernador se acogió al silencio pero entregó una nota a través de su defensa en la que dijo que “mi única culpa es haber defendido la democracia y haber detenido al fraude”.

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En tanto, el poderoso Comité Cívico de Santa Cruz -que lidera las protestas regionales del ala dura de la derecha boliviana-, anunció una reunión para definir “una respuesta contundente” al gobierno, al que acusa de impulsar una “persecución política”, dijo su presidente Rómulo Calvo.

La víspera seguidores de Camacho se enfrentaron con la policía y en los disturbios fue incendiada la Fiscalía con varios automóviles en su interior, la oficina de impuestos, el registro civil y la casa de un ministro del presidente Luis Arce. No hubo un informe oficial sobre detenidos y daños.

Camacho fue acusado de presunto terrorismo por miembros del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), cuyo líder es Morales, quien aplaudió su detención y pidió “procesar también a los cómplices” del gobernador.

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Morales alega que fue víctima de un golpe de Estado de la derecha tras las elecciones de 2019 en las que buscaba un cuarto mandato consecutivo y que fueron denunciadas por fraudulentas por la misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En poco más de 20 días de protestas 37 personas murieron en las calles. La oposición alega que fue una sucesión constitucional tras la renuncia de Morales ante una rebelión popular frente al fraude. Camacho lideró esas manifestaciones callejeras.

Por esos hechos fue condenada a 10 años de cárcel la expresidenta interina Jeanine Áñez y más de medio centenar de lideres opositores y militares están en prisión y procesados por supuesta conspiración y terrorismo.

Camacho también lideró un paro de 37 días en Santa Cruz entre octubre y noviembre en contra del gobierno de Arce -heredero político de Morales- para exigir que un censo de población se realice en 2023 para lograr que su región gane más escaños en el Legislativo.

Según analistas la detención del líder opositor tiene relación con la fractura del MAS entre la corriente liderada por Morales y otra encabezada por Arce, lo que ha afectado la gobernabilidad.

“Arce necesita mostrar que actúa con energía con los opositores en su disputa con Morales”, dijo el exdiputado y analista político Carlos Borth.

El pulso entre Morales y Arce podría terminar con dos candidatos de un mismo partido en los comicios presidenciales de 2025, según expertos.

Por su parte, Camacho levantó su perfil político tras las recientes protestas en Santa Cruz a pesar de una gestión criticada al frente de la gobernación. No obstante, no ha logrado perfilarse como un líder nacional más allá de esa región, reducto de la oposición y motor económico del país. Camacho tiene un fuerte rechazo en el occidente del país, donde está La Paz.

El gobierno de Arce, que lleva poco más de dos años, afronta crecientes conflictos sociales y políticos agravados por el desempleo y el desabastecimiento a pesar de la baja inflación que registra el país. La fuerte polarización de Bolivia se mantiene latente desde la crisis política de 2019.