El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, habla con la prensa en un camino bloqueado en San Juan de Pastocalle, provincia de Cotopaxi, el 13 de junio de 2022. (CRISTINA VEGA RHOR / AFP).
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, habla con la prensa en un camino bloqueado en San Juan de Pastocalle, provincia de Cotopaxi, el 13 de junio de 2022. (CRISTINA VEGA RHOR / AFP).
Agencia EFE

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) hizo este martes un llamamiento a “radicalizar” tras la detención por parte de la Policía de su presidente, Leonidas Iza.

La detención de Iza, principal promotor de la movilización contra el Gobierno, se produjo en la madrugada de este martes, mientras transitaba en un vehículo en el sector de Lasso, en la provincia andina de Cotopaxi, ubicada en el centro de Ecuador, de donde es oriundo.

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De acuerdo a la Conaie, en el arresto intervinieron grupos especiales de la Policía y el Ejército de Ecuador, quienes introdujeron a Iza en un vehículo al tiempo que el líder indígena pedía a uno de los manifestantes que no caiga en la provocación de los agentes que iban a por él.

Minutos después, Guillermo Lasso informó que “se ha iniciado la detención de los autores intelectuales y materiales” de los actos violentos que se produjeron durante el primer día de protestas, donde hubo un vehículo de Policía incendiado, hostigamientos a agricultores, bloqueos de carreteras y la toma de una bomba de petróleo.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza (c), llega al sector de Chasqui, donde indígenas cerraron desde tempranas horas de la mañana la carretera principal de ingreso a Quito. (EFE/ José Jácome).
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza (c), llega al sector de Chasqui, donde indígenas cerraron desde tempranas horas de la mañana la carretera principal de ingreso a Quito. (EFE/ José Jácome).

DENUNCIAN “PARADERO DESCONOCIDO”

Ante esta situación, los dirigentes de la Conaie emitieron un pronunciamiento de madrugada para elevar la contundencia de la movilización, convocada desde el lunes con carácter nacional e indefinido.

“Denunciamos el desconocimiento del paradero de nuestro máximo representante y responsabilizamos al Gobierno nacional de cualquier hecho que atente contra su vida e integridad”, advirtió la vicepresidenta de la Conaie, Zenaida Yasacama.

“No es un Gobierno que esté dispuesto a escuchar al pueblo. Llamamos a nuestras estructuras organizativas a radicalizar la lucha a nivel nacional en defensa de nuestra agenda y de nuestro máximo representante”, añadió.

Asimismo, Yasacama también hizo un llamamiento “a los organismos internacionales frente a esta grave vulneración de los derechos humanos y de la protesta social”.

En la misma línea se manifestó el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie), Marlon Vargas, quien rechazó “la detención arbitraria, ilegal e ilegítima” de Iza.

Vargas exigió “la liberación inmediata” de Iza y convocó el “levantamiento indígena” de las comunidades nativas que habitan en las provincias amazónicas de Ecuador.

“Quiero convocar a todas las nacionalidades de la región amazónica a radicalizar”, sentenció.

PROTESTAS CON “MÁS FUERZA”

De su lado, otro dirigente de la Conaie, Agustín Cachipuendo, consideró que la detención de Iza “es una grave vulneración a los derechos humanos”, y anticipó que este martes las protestas tendrán “más fuerza y radicalidad para enfrentar a este Gobierno neoliberal”.

Entre los principales reclamos de la Conaie está el alza del coste de vida, especialmente de los precios de los combustibles, justo en una semana donde el precio referencial de la gasolina Súper de 92 octanos está en los 4,80 dólares.

Asimismo, la Conaie exige moratorias de deudas, precios justos en los productos del campo como arroz, banano y leche, así como una moratoria que frene “la ampliación de la frontera extractiva minera y petrolera” y una “auditoría y reparación ambiental por los impactos socioambientales”.

Junto a ello, demandan que se respeten 21 derechos colectivos, como a la educación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta libre, previa e informada, y que no se privaticen sectores estratégicos.

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