Paro nacional en Ecuador: ¿por qué se prevé difícil que las partes se sienten a negociar?

Más de 10 días después del inicio de las protestas indígenas en Ecuador, la tensión y la violencia no dejan espacio para la comunicación. Las manifestaciones antigubernamentales impulsadas por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra el alza general de precios, principalmente de los combustibles, se avivaron este miércoles 22 con la negativa del presidente Guillermo Lasso a derogar el estado de excepción en seis provincias.

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“No podemos levantar el estado de excepción porque eso es dejar indefensa a la capital, y ya sabemos lo que sucedió en octubre del 2019 y no lo vamos a permitir”, advirtió el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien hizo referencia a las protestas sociales ocurridas casi tres años atrás.

Para sentarse a dialogar, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, exige como condiciones que el Gobierno derogue el estado de excepción decretado en las provincias que concentran las manifestaciones y que “desmilitarice” un parque de la capital donde tradicionalmente se concentran los indígenas.

La tensión entre el gobierno y el movimiento indígena creció el martes 21 cuando un ataque a instalaciones policiales en Puyo, en la Amazonía ecuatoriana, dejó un muerto y seis uniformados con heridas graves. El ministerio del Interior dio cuenta de 18 policías “desaparecidos” y de otros tres “retenidos” por indígenas.

En tanto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) denunció que ya hay dos manifestantes muertos.

La situación ha llevado a que organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) se pronuncien en favor del diálogo. Estados Unidos recomendó este miércoles a sus ciudadanos evitar viajes a Ecuador debido a los “disturbios y la criminalidad” desatada por las protestas.

El investigador y analista político ecuatoriano Julio Echeverría afirma que la situación es muy complicada y que si no se llega pronto a un diálogo la crisis podría salirse de control.

“La situación es de enfrentamiento. El diálogo se vuelve una urgencia en este momento porque la situación puede salirse de control. La pacificación es una demanda generalizada en la población, lo confirman los estudios de opinión. El problema es cuáles son los mecanismos y las formas para lograr esa pacificación dado que el diálogo no logra cuajar”, dice a El Comercio.

Si bien no se han dado situaciones de vandalismo comparables a las de octubre del 2019, el politólogo ecuatoriano Sebastián Mantilla, director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos (Celaep) afirma que se aprecia una presencia masiva de indígenas y de sectores desfavorecidos y que las marchas están aumentando, lo que genera temor e inquietud en la población.

Enfatiza que la situación se complica porque, a sus 10 puntos de reclamos iniciales, los líderes indígenas han añadido dos más, que son que se levante el estado de excepción y que se retire a la fuerza pública de los lugares donde se concentran las marchas en Quito. “El gobierno dijo hoy que esos dos temas no son negociables. Entonces estamos viviendo una especie de pugna de cada lado para ver quién cede”, apunta Mantilla.

¿Se podrá llegar al diálogo?

El diálogo que ha resultado imposible de concretar fue convocado por diferentes organizaciones civiles y religiosas y cuenta con el apoyo técnico de la Unión Europea (UE) y las Naciones Unidas. Los expertos destacan que este acercamiento ya fue aceptado por Lasso, que desde un inicio se mostró abierto a dialogar con el movimiento indígena.

“Pese a que importantes actores de la sociedad civil se han ofrecido como mediadores del diálogo y que este fue aceptado por el gobierno, esto fue rechazado por la Conaie, cuya negativa abre un escenario muy complejo de más confrontaciones”, dice Echevarría. “Es bastante improbable que un acuerdo esté cerca”, agrega.

La Conaie señala que las diferentes ocasiones en las que sus representantes han conversado con Lasso a lo largo de su primer año de mandato presidencial no han dado frutos e insiste en que quiere que se apruebe la totalidad de su pliego de demandas, lo que incluye la reducción y congelación de los combustibles, el control de precios de productos esenciales y el freno a nuevas concesiones mineras, entre otros.

“Lo que creo es que desde el lado de la Conaie no hay mucha intención de dialogar”, dice Mantilla, quien considera que la salida a esta crisis requiere sentarse a negociar pues hay algunos temas en los que eventualmente sí puede ceder el gobierno y otros en los que hay que se pueden buscar puntos medios.

“Pero del lado del sector indígena no veo esa voluntad, pese a que existe mucha presión de los empresarios y de la ciudadanía para que este asunto pare. Ahora no hay como movilizarse, el comercio, la industria, el turismo, el aeropuerto de Quito, todo está convulsionado. Se están perdiendo diariamente cientos de millones de dólares”, afirma.

Para Echevarría es urgente que se produzca un mayor nivel de reflexión y que las partes se den cuenta de que es extremadamente necesario que la pacificación regrese para poder negociar.

El peor escenario

Los expertos consideran que, más allá del descontento social, existe una motivación política tras las protestas. “Hay actores que están interviniendo junto al movimiento indígena y que no son susceptibles a la necesidad del diálogo y que tienen intereses más bien de desestabilización del gobierno y de copamiento del poder a través de medios no institucionalizados democráticamente. Ese es el problema de fondo”, dice Echevarría.

Apunta que estos actores son los sectores más radicales de la Conaie y otros que tienen que ver con intereses políticos. Pone de ejemplo a lo que queda del correísmo y las facciones que se han separado de los partidos Pachakutik e Izquierda Democrática, que, según el analista, tienen agendas propias para copar la Asamblea Nacional y caminar por esa vía hacia una posible destitución del gobierno.

En esa línea, para Mantilla el peor escenario sería que las protestas se radicalicen mucho más, lo que podría darse si es que la Policía y las Fuerzas Armadas actúan fuertemente y muere otro manifestante, como ya pasó en Puyo.

“Al final todo eso puede llevar a que se pida la salida o a destitución del presidente Lasso. Ese es el escenario más grave. Yo creo que sí hay un malestar social, pero en el fondo hay fundamentalmente una motivación política, el malestar está siendo aprovechado por actores políticos”, afirma.