En octubre de 2019 estalló en Chile una crisis social sin precedentes, que se extendió durante un año con masivas marchas, y que se saldó con una treintena de muertos y miles de heridos y señalamientos de diversos organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos hacia las fuerzas se seguridad. (Foto: Goran Tomasevic / Archivo Reuters)
En octubre de 2019 estalló en Chile una crisis social sin precedentes, que se extendió durante un año con masivas marchas, y que se saldó con una treintena de muertos y miles de heridos y señalamientos de diversos organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos hacia las fuerzas se seguridad. (Foto: Goran Tomasevic / Archivo Reuters)
Agencia EFE
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El presidente de , el conservador , anunció este martes la creación de una Fiscalía especial para investigar temas relacionados con los derechos humanos y reconoció que se cometieron “delitos, abusos y atropellos” durante la crisis social que comenzó en 2019.

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“La adecuada defensa de los derechos humanos requiere de instituciones sólidas y con capacidad para cumplir sus funciones de manera autónoma y eficaz”, aseveró el mandatario en un discurso anual en el que rinde cuentas de su último año de Gobierno.

En octubre de 2019 estalló en Chile una crisis social sin precedentes, que se extendió durante un año con masivas marchas, y que se saldó con una treintena de muertos y miles de heridos y señalamientos de diversos organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos hacia las fuerzas se seguridad.

Piñera aseguró que se trató de “una ola de violencia irracional” que llevó a “grupos minoritarios y delictuales” a quemar y destruir 118 de las 136 estaciones del metro.

La ola de protestas, la más grave que vivió Chile después de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), empezó como una queja contra el alza en el precio del tiquete de metro y se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo.

Durante las protestas se produjeron episodios de violencia extrema con enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes así como saqueos, incendios y destrucción de mobiliario público.

Desde entonces, la Policía chilena ha estado en el punto de mira de organismos como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI) y la Justicia abrió 4.600 causas contra agentes de distintos cuerpos policiales o militares.

El presidente, que ha negado reiteradamente que existiera una política sistemática y deliberada para reprimir las marchas, aseguró que sí se produjeron “delitos, abusos y atropellos a los derechos humanos” y reiteró su condena hacia estos actos.

Desde el Gobierno “se dieron todas las facilidades a organismos autónomos para que pudieran observar en el terreno y con total libertad y autonomía” y “se acogieron sus recomendaciones para fortalecer la protección de los derechos humanos”, agregó.

“EN CHILE NO HAY PRESOS POLÍTICOS”

También se pronunció con respecto a los manifestantes detenidos durante el estallido social, un tema controvertido en el país, especialmente desde que en 2020 un grupo de parlamentarios de la oposición presentara un proyecto que busca indultar a todos quienes cometieron delitos durante las marchas.

“En Chile no hay presos políticos porque no hay ninguna persona que esté privada de libertad por sus ideas. Debemos dejar que la Fiscalía y el Poder Judicial cumplan su misión”, añadió Piñera, que desde el principio se opuso frontalmente a un indulto generalizado.

Según datos del Ministerio Público, hasta el pasado octubre la Fiscalía investigó a un total de 5.084 personas en el marco de las manifestaciones, y a principios de enero 26 seguían en prisión preventiva más de un año después del inicio de la crisis.

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