Los manifestantes pertenecen a unas 20 comunidades de la sierra, con entre cuatro y seis años de haber salido de sus pueblos por las amenazas de grupos criminales. (Photo by Ulises Ruiz / AFP)
Los manifestantes pertenecen a unas 20 comunidades de la sierra, con entre cuatro y seis años de haber salido de sus pueblos por las amenazas de grupos criminales. (Photo by Ulises Ruiz / AFP)
/ ULISES RUIZ
Agencia EFE

Habitantes desplazados por el crimen organizado en la sierra de Guerrero, estado del sur de que afronta una ola de violencia, protestaron este jueves para exigir seguridad y advirtieron de un boicot en las elecciones del domingo.

El grupo de personas del municipio de Leonardo Bravo se colocó con pancartas en el acceso a la cabecera municipal, Chichihualco, donde bloquearán la carretera interestatal, si no tienen una solución antes de los comicios.

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“Queremos solución ya, antes del domingo, porque, si no, el domingo no hay votaciones”, dijo uno de los protestantes con el rostro semicubierto.

Los manifestantes pertenecen a unas 20 comunidades de la sierra, con entre cuatro y seis años de haber salido de sus pueblos por las amenazas de grupos criminales.

Además, denunciaron que el grupo delictivo de Los Tlacos saqueó o quemó sus viviendas, se apropió de sus terrenos y se robó a sus animales.

Los manifestantes pidieron ayuda del Gobierno federal y del estado de Guerrero para recuperar su vida, por lo que solicitaron la instalación permanente de dos bases de operaciones del Ejército en El Carrizal y Filo de Caballos, para lo que demandaron la intervención de la gobernadora, Evelyn Salgado.

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También exigieron una audiencia con el presidente municipal, Saúl Villa Adame, a quien no han visto en la zona desde hace un año. Lo acusaron de no atenderlos.

Chichihualco es un escenario constante de enfrentamientos armados por el control de ese corredor, donde a principios de mes llegó un grupo de autodefensas del municipio de Heliodoro Castillo, ligados con Los Tlacos, aunque tras protestas salieron del lugar.

La protesta refleja la agudización de la violencia en medio de las elecciones en Guerrero, donde este miércoles asesinaron en las últimas horas de campaña a Alfredo Cabrera, candidato opositor a la alcaldía de Coyuca de Benítez, lo que despertó una condena de la Misión Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El abanderado de la alianza del Partido Acción Nacional (PAN), del Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) recibió dos balazos en la cabeza mientras bajaba del templete donde había ofrecido su discurso de cierre de campaña.

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Además, la manifestación sucede en medio de un repunte nacional de los homicidios, que subieron un 7,37 % en abril hasta 2.622, el mes más letal del año, en medio de la violencia política que ha dejado decenas de asesinatos políticos.

Más de 98 millones de votantes están llamados a renovar más de 20.000 cargos, incluyendo la presidencia, los 128 senadores y los 500 diputados.

También se renovarán ocho Gobiernos estatales y la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México y sus 16 alcaldías.

Asimismo, 1.098 diputaciones locales, 1.802 presidencias municipales, 1.975 sindicaturas, 204 concejalías, 14.560 regidurías,m 22 presidencias de juntas municipales, 88 regidurías de juntas municipales, 22 sindicaturas de juntas municipales y 299 presidencias de comunidad.


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