Santiago de Chile. Comenzó en redes sociales, pasó a estar pintada en casi todos los muros de Santiago de Chile y terminó convirtiéndose en la consigna que mejor resume las raíces del descontento social chileno: “Evade”, como una forma de desafiar los pilares del ahora cuestionado modelo económico chileno.
Por un lado, la palabra llama a evadir el pago de la tarifa del metro, por considerarlas abusivas, y por el otro anima a imitar las maniobras de la élite política y económica que, según los manifestantes, han eludido durante años su responsabilidad en actos de corrupción.
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Grupos de estudiantes, en su mayoría secundarios, fueron los primeros en acatar la consigna, pasando por alto las boleterías y torniquetes del ferrocarril metropolitano, en un llamado que luego derivó en las mayores protestas sociales en décadas en Chile.
“Años de manifestaciones pacíficas no sirvieron de nada, por eso tuvimos que hacer algo más fuerte para que nos escuchen”, dice a la AFP, Tam, una estudiante de 27 años, que prefiere usar un seudónimo.
A sus 27 años, Tam participó de la “Revolución pingüina”, protagonizada por los estudiantes secundarios en 2006, el primer estallido social post-dictadura que logró poner contra las cuerdas al primer gobierno de la socialista Michelle Bachelet (2006-2010).
- Destruir para cambiar -
Más de 70 estaciones de metro dañadas, algunas completamente quemadas, supermercados, estaciones de gasolina, farmacias saqueadas e incendiadas son parte de la destrucción causada hasta ahora. Algunos medios de prensa estiman los daños en 1.000 millones de dólares, de los cuales al menos 300 millones corresponden al metro.
“Estamos aburridos del abuso y, si hay que destruir, la gente lo va a hacer porque es la única forma de que nos escuchen; Chile necesita una reestructuración”, asegura Tam.
Alejandra Lunecke, investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la Universidad Católica, destacó que en Chile “los jóvenes han sido los voceros de la disconformidad, han movido fronteras”.
Detrás de ellos, se ubicó una sociedad “que no soportó más pagar y pagar, apretaron mucho la tuerca y llegó un momento que tenía que colapsar”, asegura Marcela Paz, una profesora de 51 años.
El ahora cuestionado modelo chileno se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que instauró un sistema de pensiones pionero en establecer la capitalización absolutamente individual del trabajador y privatizó gran parte de la salud y la educación.
Pero al cabo de varios años, a los beneficios del modelo acceden solo muy pocos. Las pensiones que reciben la mayoría de los jubilados son bajísimas, y a la salud acceden solo muy pocos, al igual que la educación.
Recién desde 2015, la socialista Michelle Bachelet estableció la posibilidad de que los más pobres pudieran estudiar gratis en la universidad.
El sistema “privilegia a algunos, a los del medio los agobia y a los de abajo los excluye”, afirma Lunecke.
El 1% más rico concentra el 26,5% de la riqueza neta del país. En contrapartida, el 50% de los hogares menos favorecidos suma apenas un 2,1% de la riqueza neta, según datos de Cepal.
Números que se esconden detrás del ingreso per cápita de más de 20.000 dólares, el más elevado de la región.
- Abusos y corrupción -
Gran parte de la población mira con recelo la comunión existente entre las familias más adineradas de Chile -una decena de apellidos que concentran gran parte de la riqueza del país- y el poder político, en estos momentos liderado por el magnate Sebastián Piñera.
A juicio de los manifestantes, esas élites “evaden” sus responsabilidades en casos de corrupción, que en los últimos años estuvieron relacionados con el financiamiento ilegal de las campañas políticas y casos de colusión empresarial, en la que ninguno de sus acusados terminó en la cárcel.
El propio Piñera llegó a un acuerdo judicial este año para pagar los impuestos territoriales de una de sus propiedades en el sur de Chile, que por décadas evadió, argumentando que la propiedad no estaba terminada.
“Hay una sensación de que la justicia no es la misma para la élite y el resto del pueblo. Entonces, el ‘evade’ también marca que los ricos sí evaden y las penas, en términos judiciales, son mínimas para ellos”, dijo a la AFP Emmanuelle Barozet, socióloga de la Universidad de Chile e investigadora del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social.
En los últimos años, la Policía y el Ejército se sumaron a los casos de corrupción por la malversación de millonarios fondos públicos usados para beneficio personal.
Fuente: AFP