¿Cuántos presos políticos han muerto en Venezuela durante el régimen de Maduro y cuántos hay en la cárcel?

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), González había sido hospitalizado por presentar un fuerte dolor abdominal. En el penal indicaron que se trató de un cólico nefrítico (obstrucción de las vías urinarias causada principalmente por cálculos o piedras), pero todo parecía indicar que se trataba de una hepatitis.

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EL OVP dijo que la familia de González denunció que la atención médica fue tardía y que además no le daban información precisa sobre el mal que lo aquejaba.

Osgual González había sido detenido en el estado Lara el pasado 1 de agosto junto a su hijo de 19 años, quien sigue en prisión.

El jueves 12 de diciembre, el preso político Jesús Rafael Álvarez, de 44 años, murió también en Tocuyito.

Según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Álvarez, quien era padre de tres hijos, fue detenido “arbitrariamente” el 2 de agosto junto con su esposa cuando se encontraban en su vivienda, en el estado Bolívar, por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Posteriormente, el Ministerio Público los acusó de “terrorismo e instigación al odio”.

Su hijo, también llamado Jesús Álvarez, de 22 años, explicó que al conocer la noticia en redes sociales se trasladó al servicio de medicina forense, donde solo le mostraron una fotografía del cadáver para su reconocimiento. No lo había visto desde que fue detenido, dijo a la agencia AFP una fuente del OVP.

“En dicha foto vio a su papá irreconocible: demacrado, con barba, extremadamente delgado (...). Observó que tenía el pómulo hinchado, con signos evidentes de un golpe”, añadió el OVP.

“Mi papá era una persona sana, no padecía de nada. Allí lo castigaban solo por tener hambre. Si se quejaba, lo aislaban y amarraban. Si pedía hablar con la familia, lo golpeaban”, lamentó Álvarez hijo.

El pasado mes de noviembre, el preso político Jesús Manuel Medina Martínez, de 36 años, murió en una cárcel de la ciudad de Barcelona. Según el partido opositor Primero Justicia, había sido arrestado “por ser testigo electoral” en las elecciones presidenciales, en las que trabajó a favor del candidato opositor Edmundo González Urrutia.

Medina había presentado complicaciones de salud debido a la diabetes y su estado se deterioró muy rápidamente en la cárcel.

De acuerdo con el diario venezolano El Nacional, desde el 2015 a la fecha al menos 22 presos políticos han muerto bajo custodia en Venezuela.

Ese medio agregó que las organizaciones defensoras de los derechos humanos han señalado que las causas de estas muertes incluyen principalmente torturas, tratos crueles e inhumanos y la falta de atención médica adecuada.

Según las últimas cifras de la ONG Foro Penal, en la actualidad hay 1.877 presos políticos en Venezuela, la mayor cifra registrada en este siglo.

Venezuela es el país de la región con mayor cantidad de presos políticos, incluso por encima de Cuba, donde según la ONG Prisoners Defenders hay 1.062 opositores al régimen tras las rejas. Mientras que en Nicaragua hay al menos 45, de acuerdo con el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

Del total de presos políticos en Venezuela, 1.642 son hombres y 235 mujeres. La mayoría, 1.715, son civiles y hay 162 militares tras las rejas. Seis de los detenidos son adolescentes.

El Foro Penal informó que se desconoce el paradero de 27 personas.

Agregó que desde el 2014 a la fecha, las detenciones con fines políticos en Venezuela suman 18.096 personas. De ese total, 9.000 que recuperaron la libertad están sujetas de manera arbitraria a medidas restrictivas.

El periodista venezolano Víctor Amaya le dijo a El Comercio que la mayoría de los 1.877 presos políticos fueron detenidos en agosto, después de las elecciones del 28 de julio. “Antes de los comicios el número de presos políticos no llegaba a 400, que ya era bastante alto en ese momento. Luego, incluso el propio Nicolás Maduro en un momento llegó a hablar de unos 2.500 detenidos”.

Amaya agregó que los detenidos son personas participaron directamente en las protestas para denunciar fraude y fueron agarradas en el momento en el que se manifestaban. También hay dirigentes y activistas políticos reconocidos, y defensores de los derechos humanos. Además, están presos civiles de zonas populares, otrora bastiones chavistas, víctimas de detenciones arbitrarias una vez sofocadas las manifestaciones, “personas que ni siquiera participaron en protestas callejeras” sino que fueron sacadas de sus casas.

Los arrestos provocaron que “durante las primeras dos semanas después de las elecciones, el nivel de disposición a protestar en la calle disminuyera grandemente, porque ya no solo había una acción de la represión en contra de quienes estaban políticamente movidos y actuando en calle, sino también contra quienes no lo habían hecho”.

Barrios populares como El Valle, 23 de Enero, Catia, entre otros, fueron militarizados de manera masiva por primera vez.

“Hay una suerte de castigo ejemplarizante para todas estas personas, incluidas quienes formaron parte de las redes que sirvieron para compilar las actas electorales de escrutinio que emitían las máquinas de votación el 28 de Julio, que fueron conseguidas por la oposición y finalmente contabilizadas hasta el 83%, donde se demostró el triunfo de Edmundo González”, sostuvo Amaya.

Entonces, a decir de Amaya, la dura represión le funcionó al régimen y la gente dejó de protestar. El periodista recordó que antes de las elecciones, en una encuesta de la firma Delfos donde se preguntó sobre la actitud de la ciudadanía ante el escenario de que Maduro gane o se quede en el poder, el 40% contestó que se resignaría. “La disposición a movilizarse, activarse políticamente, no siempre ha sido tan mayoritaria. Los que dijeron que sí había que protestar llegaron al 42%”.

“La mayoría de civiles que no tiene una filiación política se plantea una lucha democrática de baja intensidad, para no exponerse a los castigos. Sin embargo, un gran porcentaje prefiere irse del país. Por eso la migración pasa a ser un punto fundamental ahora”, remarcó Amaya.

“Cuando hay un aumento de la represión, hay un repliegue de las fuerzas ciudadanas, de las políticamente activas y de las no políticamente activas. Pero eso tiene también ciclos, pues la intensidad de la represión no se puede mantener alta de manera permanente. Ese pico de represión lo vimos entre agosto y setiembre, y luego se relajó bastante y empezó a haber detenciones individuales, selectivas”, narró Amaya.

Opinión…

“Todo el que se oponga a lo que dijo el CNE es una especie de terrorista”

Por Gonzalo Himiob S.

Director vicepresidente de la ONG Foro Penal

Todos los casos de los detenidos en las protestas tras las elecciones del 28 de julio ya fueron judicializados. La gran mayoría de ellos solo está a la espera de que se realice la audiencia preliminar en la que se decide si van a juicio o no. En los casos donde ya hubo esa audiencia, todos han sido pasados a juicio.

Pero en los casos que vinieron después de las protestas, donde hubo detenciones selectivas, es muy difícil saber la decisión porque lamentablemente en esta oportunidad no se ha permitido que ni abogados privados, ni abogados de las ONG que prestamos el servicio de asistencia gratuita pro bono intervengamos, a todos se les ha obligado a tener un defensor público. Entiendo que en muchos de los casos ya se ha pasado a juicio, incluso muchos de los que están siendo excarcelados en los días recientes ya están pasados a juicio.

En cuanto a las acusaciones contra los detenidos, recordemos que el Ministerio Público decidió que los que fueran arrestados en el contexto de las protestas, o que de alguna manera estuvieran vinculados a todo lo que ha sido la crítica a los resultados de las elecciones anunciados por el CNE, se les iba a imputar los delitos de terrorismo, instigación al odio, asociación para delinquir, etc. Y efectivamente, en la generalidad de los casos esas han sido las imputaciones que se han formulado.

Llamó mucho la atención que en los primeros días el Ministerio Público hizo las imputaciones de manera virtual, y hablaba de los arrestos que ni siquiera se habían producido. Es decir, hubo una especie de prejuzgamiento.

Esto quiere decir que el Estado quiere consolidar una especie de narrativa según la cual todo el que se oponga a lo que dijo el CNE es una especie de terrorista, es una persona que instiga al odio, es una persona que financia el terrorismo, es un traidor a la patria, una persona que de alguna manera instiga al odio, etc.

Las personas excarceladas en estos días, todas han salido de prisión bajo medidas cautelares que limitan sus derechos. En la mayoría de los casos tienen que presentarse periódicamente ante los tribunales, tienen prohibido salir del país y hemos visto que a muchos se les prohíbe participar en manifestaciones públicas o incluso declarar a los medios de comunicación. Es decir, han sido excarceladas más no liberadas. Los procesos penales contra las personas excarceladas continúan.

Uno de los presos políticos más conocidos que murió en la cárcel fue el general retirado Raúl Isaías Baduel. Falleció el 12 de octubre del 2021.

Baduel había sido aliado de Hugo Chávez incluso desde antes de que este ganara su primera elección presidencial en 1998.

En el 2002, Baduel lideró la operación “Restitución de la Dignidad Nacional”, con la que Chávez regresó a su cargo tras el golpe de Estado del 14 de abril de ese año.

Fue ministro de Defensa entre el 2006 y 2007, bajo la presidencia de Chávez. Tras dejar su cargo, cuestionó el rumbo que estaba tomando la Revolución Bolivariana.

Entonces, Chávez pasó a ser su enemigo y en enero del 2008 Baduel fue detenido. Dos años después fue condenado por “delitos contra el decoro militar, sustracción de fondos y abuso de autoridad”. El general siempre negó los cargos.

Purgó prisión en la cárcel de Ramo Verde y en 2015 le otorgaron medida de libertad condicional con restricciones, que le fue revocada en el 2017.

Baduel debía salir en libertad, pero un día antes el gobierno de Nicolás Maduro lo acusó de traición a la patria e instigación a la rebelión, por lo que se le mantuvo tras las rejas.

En febrero del 2018, Maduro lo destituyó y lo degradó de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Según el fiscal general Tarek William Saab, Baduel murió debido a un paro cardiorrespiratorio a consecuencia del covid-19. Sin embargo, su familia ha puesto en duda esta versión y denunció que no recibieron información previa sobre su estado de salud.

Otro caso es el de Fernando Albán, quien fue concejal de Caracas por el partido Primero Justicia.

Lo detuvieron el 5 de octubre de 2018 en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar al regresar de un viaje a Nueva York, donde participó en actividades de la Asamblea General de la ONU.

Tres días después, el 8 de octubre, se informó que había fallecido tras caer desde el décimo piso del edificio del SEBIN en Plaza Venezuela, Caracas.

Mientras que el capitán de la Armada Rafael Acosta Arévalo murió en la cárcel el 29 de junio del 2019.

Fue arrestado el 21 de junio de de ese año por presuntamente estar involucrado en un intento de golpe de Estado contra Maduro.

Su esposa, Waleska Pérez, denunció que fue torturado y que su muerte fue resultado directo de las lesiones sufridas durante su detención, a cargo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.