Ahora Maduro va por las ONG: ¿En qué consiste la ley con la que se busca fiscalizar su funcionamiento en Venezuela?

La rápida proclamación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Maduro como ganador de los comicios provocó que miles de personas salieran a protestar a partir del 29 de julio. El régimen respondió con represión y permitió la acción de los llamados colectivos para acallar las manifestaciones incluso haciendo uso de armas de fuego, como se vio en videos divulgados por medios independientes venezolanos y en redes sociales. La Fiscalía confirmó el lunes que al menos 25 personas murieron en las protestas. Mientras que la ONG de defensa de los derechos humanos Foro Penal contabilizaba hasta el martes 1.393 detenidos, incluidos 117 adolescentes.

MIRA: Así es la “Operación Tun Tun” con la que Maduro ha suspendido de facto las garantías constitucionales en Venezuela

Las ONG son blanco frecuente de ataques por parte del chavismo. El lunes, al anunciar la discusión de la ley, Rodríguez dijo en un acto en el que estaba Maduro que “hay organizaciones como la Cruz Roja que sirven a la gente, pero hay otras que son fachadas para el financiamiento de acciones terroristas”.

En una primera reacción, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió el martes al Gobierno de Venezuela que rechace este proyecto de ley por el impacto negativo que tendría en los derechos humanos y en la democracia en general.

Mientras que Gina Romero, relatora Especial ONU para Libertad de Asociación y Asamblea, dijo que recibe con preocupación el anuncio de Rodríguez. “Este anuncio es incluso más preocupante por el discurso estigmatizador utilizado, según el cual se asocia la acción de las ONG y otras organizaciones con servir de ‘fachada para el terrorismo’; así como la difusión de ‘expresiones de odio social y ideas fascistas’”.

Romero agregó que la reanudación del estudio del proyecto de ley “se realiza en un contexto de feroz represión pos electoral contra activistas, periodistas, abogados/as, ONG, etc. que ha creando un clima de temor generalizado en Venezuela”.

La primera discusión de la ley contra las ONG se dio en enero del 2023. Su promotor es Diosdado Cabello, considerado como número 2 del chavismo.

Cuando la presentó, Cabello dijo que había 62 ONG operando en Venezuela y que muchas de ellas eran “apéndices del imperialismo” que quieren “desestabilizar al país”.

Durante la discusión, la segunda vicepresidenta de la Comisión Permanente de Política Interior, la diputada chavista María Gabriela Vega, explicó que la propuesta busca controlar y hacer seguimiento a las ONG que financian el terrorismo en el país.

En una conferencia de prensa realizada el lunes, Cabello manifestó que las ONG “son supuestas organizaciones no gubernamentales, supuestas… organizaciones no gubernamentales, que no dependen del Gobierno de Venezuela pero dependen del Gobierno de Estados Unidos”.

El abogado Darrin Gibbs, especialista en Derecho Administrativo y miembro del equipo jurídico de la ONG Defiende Venezuela, analizó el proyecto y manifestó en un artículo que publicó en diario El Nacional que lejos de promover, fortalecer y mejorar el funcionamiento de las ONG, esta norma busca establecer un riguroso régimen administrativo de control, limitación y sanción a las organizaciones no gubernamentales.

“Los espacios de acción de las ONG se verán seriamente limitados por un conjunto de medidas administrativas que lesionan gravemente las garantías del derecho de asociación”, advirtió.

“Se simula que se pretende defender la necesidad de regulación de las ONG y organizaciones afines en el país; sin embargo, este proyecto legislativo solo dará lugar a la violación sistemática del derecho de asociación, ya que se promueve un sistema de policía administrativa vinculado a todas las actividades de creación y funcionamiento de ONG y afines, y, sobre todo, en la administración de sus recursos económicos, bajo el imperio de exorbitantes potestades del Estado venezolano en su relación con ellas”, anotó Gibbs.

Según el proyecto, las ONG deben inscribirse en un registro local y declarar vías de financiamiento, normalmente del extranjero.

Sobre las actividades de las ONG, el proyecto dice que deberán estar orientadas “a los fines benéficos, sociales, o de interés general, relacionados con la preservación del medio ambiente, la salud, desarrollos científicos, tecnológicos, de derechos humanos, artísticos, literarios, religiosos, educativos u otros ámbitos de utilidad general”. Sin embargo, se disponen dos limitaciones: que “su objeto no suponga ánimo de lucro” y “no sean gobernadas, dirigidas u operadas, directa o indirectamente, por organismos del poder público de un Estado”.

“Estas exclusiones resultan indeterminadas y su interpretación quedará sujeta a lo que las autoridades públicas puedan arbitrariamente suponer de los hechos y aplicar sanciones”, refirió el abogado Gibbs.

Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, dedicada a la documentación y acompañamiento de casos de censura, violación al derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información oficial, le dijo a El Comercio que si se aprueba esta ley las asociaciones civiles y ONG van a tener que registrarse de nuevo, pues no se reconoce la personalidad jurídica de las organizaciones ya existentes, y se incrementa el número de requisitos para hacerlo desde cero.

El nuevo régimen pretende imponer a las ONG y afines un listado de “actos y hechos de registro obligatorio”, que deben ser objeto de registro y actualización constante en el Registro Nacional de Organizaciones No Gubernamentales. Estos son: inventario de bienes al momento de constituirse, actualización anual del inventario de bienes de la asociación con expresa determinación de las fuentes del mismos, balances contables, estados financieros y libros que deban de conformidad con la legislación mantenerse, actas de asambleas ordinarias y extraordinarias, relación de donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes; modificaciones de los estatutos; nombramientos y ceses de los miembros, de los administradores, liquidadores, auditores y secretarios, poderes generales y delegaciones de facultades; apertura y cierre de sedes; inactividad por un tiempo mayor de seis meses; modificación, ampliación o reducción del objeto societal; y modificación, prorroga y extinción de la ONG.

Correa sostiene que estos requisitos actúan una espada de Damocles para las ONG, pues si una organización no es de la simpatía del Gobierno correrá el riesgo de que no le revaliden el registro.

“El Gobierno tendrá como potestad definir cuáles son las asociaciones que serán admitidas y cuáles no, y eso violenta el derecho a la libre asociación”, denunció Correa.

¿Pero por qué le molesta tanto al chavismo el trabajo de las ONG? Correa indicó que en Venezuela hay asociaciones civiles que se dedican al trabajo educativo, otras hacen deportivo, etc., “pero también están las asociaciones civiles enfocadas en la promoción y defensa de los derechos humanos. Entonces, estas últimas son las que resultan incómodas, fastidiosas para el gobierno nacional”.

“Ellos dicen que de alguna manera varias de estas asociaciones han sido utilizadas para el financiamiento de la política o de los partidos políticos. Pero nunca han mostrado pruebas. Simplemente les molesta por un lado que haya otros actores sociales que estén haciendo trabajo de beneficencia, y les molesta que las organizaciones puedan estar haciendo monitoreo de la situación de derechos humanos en el país. Entonces, ese tipo de instituciones incomodan al parecer al gobierno nacional”, insistió Correa.

En cuanto a la acusación de que hay ONG que financian el terrorismo, Correa sostuvo que si ello es cierto, no hay necesidad de que se promueva una nueva ley porque en Venezuela ya existe legislación antiterrorista que se puede aplicar.

Consultada por El Comercio, la ONG Provea, que apoya jurídicamente a sectores vulnerables víctimas o potenciales víctimas de violaciones de derechos humanos y hace seguimiento a casos de abusos de poder, nos remitió al comunicado que emitió este año el Foro por la Vida, la coalición venezolana de organizaciones defensoras de los DD.HH. fundada en 1998.

El Foro por la Vida calificó el proyecto de ley como una amenaza directa a los principios y obligaciones esenciales de la democracia y contra los derechos humanos.

“Los ataques, actos de hostigamiento, criminalización y represalias contra ONG y personas defensoras de derechos humanos en Venezuela no son aislados, sino que configuran una política de Estado. Desde el año 2000 se desarrolla una jurisprudencia restrictiva del Tribunal Supremo de Justicia, legislación regresiva e inconstitucional dictada por la Asamblea Nacional, providencias administrativas del Poder Ejecutivo y campañas sistemáticas de descrédito contra personas defensoras y ONG, como parte de los ataques por su accionar independiente y principalmente por ser usuarias de los sistemas de protección internacional, entre ellos, los órganos convencionales y extra convencionales de la ONU relativos al país”, sostuvo el Foro por la Vida.

También precisó que las ONG ya están sujetas al cumplimiento de todo el ordenamiento jurídico vigente en Venezuela.

“Este Proyecto de ley es inasumible porque es una afrenta contra la Constitución y, de ser aprobado, configura el cierre definitivo del espacio cívico en Venezuela”, dijo el Foro por la Vida.