¿Cómo puede mejorarse la presencia del Estado en la triple frontera amazónica?

Los recientes acontecimientos en la triple frontera amazónica –que incluyen declaraciones inaceptables, sobrevuelos de aeronaves tripuladas y reiteradas incursiones ilegales y sospechosas– no pueden pasar inadvertidos. Estos hechos, más allá de constituir provocaciones, representan una amenaza directa a la soberanía del Perú y exigen una respuesta inmediata, firme y coordinada.

El Gobierno debe recurrir sin dilaciones a la vía diplomática, al más alto nivel, para denunciar la actitud hostil y desproporcionada de quienes intentan poner a prueba nuestros límites territoriales. El silencio o la tibieza serían interpretados como debilidad; por el contrario, es momento de dejar claro que la defensa de nuestras fronteras no admite negociación alguna. En paralelo, se impone un refuerzo sustancial de la presencia del Estado en la zona. Esto implica:

Acción aérea: vuelos permanentes desde Iquitos, con aviones y helicópteros de patrullaje.

Presencia fluvial: despliegue de embarcaciones navales, cañoneras y plataformas itinerantes, asegurando el control de ríos estratégicos.

Vigilancia terrestre: patrullajes organizados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y puestos avanzados de observación.

A la par, la policía debe actuar con determinación para detener a todo intruso, investigar sus actividades y, de ser necesario, calificarlos como potenciales espías. No son exageraciones: las incursiones parecen contar con respaldo y dirección del más alto nivel político del país vecino.

Es cierto que en la Amazonía los suelos cambian y los ríos modifican sus cauces de forma natural, pero este fenómeno no otorga a ningún Estado el derecho de apropiarse de un solo metro de territorio ajeno.

Lo ocurrido debe servir de advertencia: nuestras fronteras, especialmente las más remotas, requieren atención constante, inversión en infraestructura de defensa, presencia sostenida de autoridades y mecanismos de vigilancia tecnológica. La soberanía no se preserva solo con tratados; se garantiza con presencia real y con la decisión inquebrantable de defenderla.

La historia nos ha enseñado que los descuidos en la frontera siempre se pagan caro. No repitamos los errores del pasado. El Perú debe hablar con una sola voz: firme, unida y dispuesta a defender cada centímetro de su territorio. ¿Y pensábamos que eran buenos vecinos?

La tensa y lamentable situación entre el Perú y Colombia alertó sobre la precariedad de nuestras fronteras.

El Perú limita con cinco países, y cada espacio tiene sus propios y particulares escenarios geográficos bilaterales. La frontera con Colombia está atada a una triple con Brasil (Leticia en Colombia, Tabatinga en Brasil y Santa Rosa en el Perú), e inmersa en un complicado trapecio amazónico, que algunos consideran un “outlaw territory” (área sin ley). Se trata de una zona plagada de amenazas no convencionales a la seguridad: narcotráfico, crimen organizado, minería y tala ilegal, trata de personas, tráfico de armas, contrabando, remanentes del terrorismo, depredación ambiental y desmovilizados de grupos subversivos reciclados en bandas criminales; una conjunción de fenómenos de violencia y actividades ilícitas en permanente interconexión.

El Sistema Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza (Sinadif) y el Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza (Conadif) son instancias claves para encarar el problema. En lo militar, es importante incidir en la cooperación e intercambio de información a partir de reuniones entre altos mandos castrenses y de inteligencia; y fortalecer y descentralizar el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y su órgano rector, la DINI. También es muy urgente la recuperación operativa de aviones de transporte militar y de helicópteros pertinentes para el control efectivo fronterizo.

Nos vienen al recuerdo algunas iniciativas históricas claves, como las unidades militares de asentamiento rural (UMAR), para consolidar presencia estatal, y un frustrado Plan Putumayo, más de 15 años atrás, a la par de los planes del Vraem y Costa Norte. También las plataformas itinerantes de apoyo social (PIAS), fluviales y aéreas, que bajo el concepto estratégico de un Estado móvil tienen impacto directo y positivo ante la desatención y precariedad fronteriza peruana.