El talón de Aquiles del nuevo ranking universitario

Los rankings universitarios no son un ejercicio meramente académico. Tienen efectos concretos en el mercado de la educación superior: pueden volver más atractiva a una universidad para estudiantes y familias, y convertirse en un argumento de marketing decisivo. Esto es particularmente cierto en el Perú, donde abundan universidades con fines de lucro o perfiles credencialistas que compiten intensamente por matriculados. En ese contexto, cualquier clasificación publicada por la autoridad reguladora adquiere peso en la percepción pública, influye en las decisiones de miles de familias y, también, en organismos públicos como Pronabec que adjudica becas para las universidades mejor clasificadas.

Por ello, la reciente publicación del Ranking Universitario (2021-2022) por la Sunedu debe analizarse con cautela. El esfuerzo de ofrecer información comparativa es positivo, pero su construcción genera dudas razonables sobre la solidez de los resultados. No se trata de restar valor a los esfuerzos desplegados por la entidad, sino de advertir sobre el riesgo de que, en lugar de orientar, se transmitan señales poco claras e incluso contraproducentes para el sistema.

Los tres rankings nacionales previos se habían basado exclusivamente en la producción científica y tecnológica. Esa decisión podía discutirse, pero tenía un fundamento sólido: los datos provenían de fuentes externas y estandarizadas, como Scopus y Web of Science, lo que garantizaba credibilidad y comparabilidad. Podría criticarse la primacía de la investigación frente a la docencia, pero eran indicadores claros y verificables.

La novedad ahora es la incorporación de un 30% de peso al ámbito formativo, aún sin detalles de cómo se calcularon. Aunque la intención es legítima, el indicador de tiempo promedio de titulación resulta particularmente frágil. Requiere fuentes de datos exigentes que en el Perú difícilmente son consistentes y fiables; los registros de titulación presentan vacíos y diferencias entre universidades. Más grave aún, la relación entre este indicador y la calidad académica no es clara. Una universidad de baja exigencia, con perfil credencialista y escasa producción académica, podría titular rápido a sus estudiantes y mejorar su posición sin garantizar formación rigurosa. El resultado sería paradójico: premiar prácticas de baja calidad y alterar el sentido del ranking.

El problema de fondo es más amplio: a diferencia de los rankings internacionales y de los propios ejercicios anteriores de la Sunedu, esta vez no se ofrece una fundamentación metodológica clara. No se explica cómo se construyen y normalizan los indicadores ni cómo se combinan en el puntaje final. Esa ausencia es delicada en un producto que debería ser técnico, verificable y transparente. Sin explicaciones sólidas, el ranking arriesga perder legitimidad y convertirse más en una herramienta comunicacional que en una guía fiable para los actores del sistema universitario peruano.

La Sunedu merece reconocimiento por ciertas innovaciones que viene realizando, sin embargo, en esta oportunidad debemos ser claros: no basta con publicar una tabla sin fundamentos técnicos. Cuando un instrumento influye en la reputación de universidades, en la decisión de miles de estudiantes y la adjudicación de fondos públicos, la transparencia metodológica y la consistencia de los datos son imprescindibles. Sin ello, se corre el riesgo de confundir en lugar de orientar. La tarea pendiente es construir indicadores sólidos y confiables que reflejen la diversidad del sistema universitario sin sacrificar credibilidad. Solo así el ranking podrá ser confiable y legítimo tanto para quienes buscan educación de calidad como para quienes diseñan política pública. Esperamos con ansias que se trate de un mal «timing» en la liberación de información detallada y que pronto sabremos más sobre la fórmula exacta de este ranking universitario.