Flor Pablo Medina

Los migrantes, los provincianos que venimos a las ciudades buscando un futuro mejor, sabemos que la educación y el esfuerzo diario son la clave para salir adelante. En mi caso, gracias a una buena educación pública en el colegio y en la universidad, he llegado a ser la servidora pública que soy ahora. Millones de provincianos somos la demostración de cómo la educación estatal es la gran igualadora social; además de ser el motor del desarrollo de un país en un mundo en el que el talento humano se ha vuelto más importante que las riquezas naturales.

Lamentablemente, estamos presenciando el desmantelamiento de las reformas que estaban coadyuvando a una mejor educación. Algunos progresos fueron la creación de la , que significó un gran avance para la educación universitaria, la , con la evaluación de los profesores como base de un sistema meritocrático y de avance en la profesión, y las evaluaciones que permiten tener información y estrategias validadas para mejorar los aprendizajes, entre otros. Los gobiernos de y , aparentemente tan diferentes, pero hermanados por el mismo desprecio a la educación, han demolido lo avanzado de la mano de una mayoría en un penetrado por los intereses de las universidades “bamba” y las ideas ultraconservadoras.

El embate contra la educación pública ha sido sostenido: leyes contra el currículo de la educación básica y la enseñanza de la igualdad de género, el riesgo constante a la meritocracia en el magisterio en busca del nombramiento automático de docentes, el desmantelamiento de la Sunedu, la desactivación de programas educativos y el cese de las transferencias de recursos orientados a mejorar aprendizajes, contratar profesores y tener materiales oportunamente, entre otros. Todo esto combinado con una campaña de ataques y desacreditación contra buenos funcionarios, maestros y, en general, la escuela pública.

Ahora, un sector del Congreso liderado por Avanza País, copiando experiencias de otros países, ha presentado un proyecto de ley que establece que consiste en darle a los padres de familia un vale que un colegio privado puede cobrar del Estado. De esta manera, asumen que se estaría ayudando a las familias a matricular a sus hijos en colegios privados y que esto supondría mejor la calidad educativa. Sin embargo, existe evidencia de que este sistema agudiza la desigualdad y las inequidades, ya que los que se benefician son solo los miembros de aquellas familias que pueden dar montos extras de dinero; es decir, que pueden pagar materiales, movilidad, uniformes y alimentación adicionales al bono. Mientras que los más pobres, o no encuentran vacantes en un colegio público o están condenados a colegios privados de mala calidad. En Chile, por ejemplo, se ha acrecentado la segregación socioeconómica y racial de los estudiantes desde que los “vouchers” se impusieron en los años 80. ¿Queremos eso para nuestro país?

Se trata de un discurso populista y facilista que pone en riesgo la responsabilidad del Estado de asegurar una educación que garantice la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. Además, afirmar que lo privado es mejor que lo público per se es un mito que viene desde los años 90 y que se ha puesto en agenda nuevamente.

Ir por el camino más cómodo es lo más sencillo, pero eso no es lo que necesitan nuestros niños, niñas y adolescentes. Ellos necesitan que luchemos por detener los retrocesos en la educación y que breguemos, aun en contra de la corriente política imperante, por dotarlos de las capacidades que les permitirán en el futuro desarrollarse como personas y ciudadanos de un país más igualitario e inclusivo.

Desde estas líneas hago un llamado al magisterio, al sector privado, a los especialistas en educación, a los medios de comunicación y a la opinión pública en general a no abandonar el debate político y seguir batallando para posicionar a la educación como el motor de la inclusión y, por lo tanto, como un bien público. La tarea está en nuestras manos.

Flor Pablo Medina es congresista de la República y exministra de Educación

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