Matrimonio temprano

Escuchamos y vemos en las noticias y documentales de África o la India casos de niñas y adolescentes obligadas a unirse o casarse con hombres mayores. Niñas que apenas están en los primeros años de la escuela, pero que son vendidas por sus padres para convertirse en “mujeres”, a cambio de un ganado o de cualquier otro beneficio material. Aunque muchos no lo crean, en el Perú vivimos una situación similar.

En el 2019, Plan International y Unfpa elaboramos el estudio “Las adolescentes peruanas en matrimonio o unión, tradiciones, desafíos y recomendaciones”, en donde identificamos que, a nivel nacional, el 18% de las mujeres que ahora tienen entre 15 y 49 años se unió cuando tenía 16 o 17 años, y el 10% cuando tenía menos de 15 años. Eso quiere decir que el 28% de las mujeres encuestadas inició una vida matrimonial o de convivencia siendo menor de edad. Esta proporción varía entre las cuatro zonas del estudio. Es menor en Lima (20%) y Cusco (28%), y mayor en Loreto (50%) y Piura (32%).

El estudio presentado tuvo como base el Censo de Población del 2017 y revelaba que, del total de adolescentes varones y mujeres de 12 a 17 años en ese año, el 1,9% se encontraba en unión. Si bien el porcentaje puede parecer pequeño, el número asciende a 56.065 personas.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de matrimonio y uniones tempranas en adolescentes? El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y el Comité de los Derechos del Niño (CDN) definen la unión o matrimonio de menores de edad como aquella en la que al menos una de las personas de la pareja es menor de 18 años.

Este tipo de unión incluye tanto la convivencia como el matrimonio, entendidos como cualquier tipo de rito o celebración, civil o religioso, forzado o no, que legitime a una pareja, aun cuando este se celebre entre una mujer menor de edad y un hombre adulto, o entre dos menores de edad. La unión temprana es considerada como forzada, ya que no se cuenta con el consentimiento pleno, libre e informado de una de las partes. La unión de menores de 18 años constituye una violación de los derechos humanos y de la Convención de los Derechos del Niño.

De las más de 60 millones de uniones tempranas que actualmente se calculan a nivel mundial, aproximadamente seis millones ocurren en América Latina. El 36% de las mujeres de 20 a 24 años de todo el mundo se casó o ya vivía con su pareja antes de cumplir los 18 años.

El primer factor que explica los matrimonios y las uniones infantiles tempranas y forzadas es la pobreza, especialmente en las zonas rurales. El embarazo también está asociado al matrimonio temprano (presión de las familias o del entorno para que una niña se case si está embarazada). En algunas regiones, los padres buscan alianzas que mejoren su posición económica o social. También, en muchos casos, la unión o matrimonio puede ser visto por las niñas como un mecanismo de escape a los problemas de la familia, como la presencia de situaciones de violencia. Pero, detrás de todo, el condicionante central es la desigualdad de género y las normas sociales discriminatorias sobre los roles de género en la familia.

Existen consecuencias negativas para las niñas y adolescentes obligadas a uniones tempranas, como la perpetuación de la pobreza; el abandono de la educación escolar; sufren más enfermedades de transmisión sexual, embarazos y los riesgos que conlleva un embarazo temprano (recordemos que el riesgo de mortalidad materna es cuatro veces más grande entre adolescentes de 16 años que entre adultas); mayor violencia de género; menor autonomía económica; y, finalmente, las uniones tempranas limitan la autonomía de las adolescentes, el conocimiento, los recursos, el poder de decisión sobre su vida y su cuerpo. Quedan sometidas al control del hombre (muchas veces mayor) en un estado de desigualdad en todos los ámbitos que vulnera todos sus derechos.

Para poder reducir las cifras de uniones tempranas, debemos seguir trabajando para cerrar las brechas de género en todos los niveles (Estado central, regional, local); con docentes, funcionarias y funcionarios de salud; padres, madres, niñas, niños y adolescentes varones. Debemos implementar la Educación Sexual Integral (ESI) en todo el país, sobre todo en las escuelas, y fortalecer los marcos legales e institucionales. Al respecto, urge en el país que se cambie la norma que permite el matrimonio a partir de los 14 años.

Esta situación debe cambiar. Los casos de matrimonio y uniones tempranas deben bajar, queremos dejar de escuchar casos y noticias de niñas violentadas y obligadas a convivir o casarse con un hombre mayor, dejando de estudiar para cumplir funciones que no les corresponden.