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Se cumplió un mes desde que se realizaron las elecciones presidenciales en Venezuela y poco o nada ha cambiado después de que el órgano electoral anunció unos resultados electorales falsos: no solo Nicolás Maduro sigue en el poder y la oposición presiona como puede para que se reconozca su victoria, sino que, mientras los gobiernos democráticos y los organismos internacionales siguen pidiendo únicamente que se publiquen las actas que respalden los resultados nada creíbles que dieron como ganador al presidente en funciones, el máximo tribunal nacional que este controla –al igual que la instancia electoral– convalidó el fraude; sus militares y policías buscan y detienen a más opositores y periodistas; sus jueces encarcelan y sus parlamentarios aprueban pseudoleyes más represivas.
Aunque ya no se habla de repetir las elecciones ni de un gobierno de cohabitación, como llegaron insólitamente a poner sobre la mesa los presidentes de Brasil y Colombia –más cercanos a Maduro que mediadores de buena fe–, tampoco se ha propuesto y mucho menos se ha hecho algo más concreto desde la sociedad internacional. Solo se sigue dando vueltas y soltando palabras sobre la publicación de las actas de las mesas electorales –oficialmente, en este caso, porque de oficio ya el comando opositor lo hizo–. Es también tan alarmante como incomprensible, y esto deja ver una falta de compromiso y la poca urgencia que desde fuera se tiene respecto de la situación venezolana, que se insiste en pedir lo mismo a un gobierno que ha sido capaz de robarse unas elecciones presidenciales a la vista de todos y que durante el mes siguiente solo ha demostrado que su intención es mantenerse en el poder a la fuerza y con violencia, aun sabiendo que tiene a una amplia mayoría probada de los venezolanos en su contra.
Tras semanas escuchando y viendo a un Maduro más radicalizado y aterrorizante, sostenido sobre una fuerza armada privilegiada y a su servicio, que igualmente desconoce la voluntad popular expresada en las urnas el pasado 28 de julio, ¿qué gobiernos y organismos del mundo presionarán? ¿cuándo y de qué forma? Ya no es para que el gobierno de facto muestre las actas de totalización que contienen la derrota electoral de un presidente evidentemente ilegítimo, lo que no ha hecho ni hará, sino para que acceda a una verificación y documentación independiente e internacional de los resultados electorales, que luego dé paso a una transición ordenada y pacífica. ¿Cómo hacer que un Maduro que ya ni siquiera se plantea rehacerse en unas condiciones democráticas mínimas y respetando los derechos fundamentales, como era deseable, quiera negociar la entrega del poder que perdió porque siete de cada diez venezolanos no le votaron? Y, a propósito de esto, ¿qué piden y esperan los líderes de la oposición de las iniciativas y las gestiones que competen a la sociedad internacional? El tiempo apremia.
Nadie afuera de Venezuela puede pensar que los venezolanos pueden esperar unos meses más. Ni los que están dentro del país, haciendo lo poco que les permite el régimen, ni los que tuvieron que salir forzosamente y se desesperan por no poder hacer más. A la pérdida de las libertades, con un orden constitucional roto y un Estado de derecho deshecho, hay que sumar la ruina económica y el drama social. Las cosas solo empeorarán cada día que pase. No existen instituciones en el país a las que recurrir ni de las que se pueda obtener alguna respuesta o salida. Maduro tiene el poder material, está avanzando y solo los pueblos y gobiernos del mundo democrático pueden ayudar a frenarlo.