Perú después de Boluarte: Mercados, geopolítica y el futuro dentro de la región

La destitución de la presidenta Dina Boluarte marca el sexto cambio presidencial de Perú en cinco años, consolidando una crisis institucional sin precedentes en la historia democrática de nuestro golpeado país. Con el Congreso habiendo superado ampliamente los votos necesarios para iniciar el juicio político, la sucesión presidencial recaerá en el cuestionado José Jerí, actual presidente del Congreso y cuya trayectoria está marcada por varias investigaciones de cierta envergadura. Miembro de Somos Perú, partido centrista de orientación pro-mercado.

Esta transición, aunque traumática en apariencia, podría resultar menos disruptiva de lo que sugiere el dramatismo político, gracias al perfil moderado del sucesor y a los sólidos fundamentos macroeconómicos que han permitido al país absorber shocks políticos recurrentes sin colapsar financieramente.

Los mercados financieros reaccionarán negativamente en el corto plazo y veremos cómo reacciona la población que mantiene muchos reparos hacia su persona. El sol peruano, protagonista entre las monedas de la región, probablemente se deprecie entre 2-3% frente al dólar, la bolsa de Lima experimentará una corrección del 3-5%, y los spreads de bonos soberanos se ampliarán entre cincuenta y setenta y cinco puntos básicos. Perú mantiene inflación controlada, déficit fiscal moderado, y un Banco Central con credibilidad intacta que ha navegado peores crisis políticas sin comprometer la estabilidad monetaria, gracias a la autonomía de la que goza desde la Constitución del 93. Clave para recuperar confianza será la velocidad con que Jerí establezca un gabinete tecnocrático, anuncie un calendario electoral claro y demuestre capacidad mínima de gobernabilidad. Si estas señales se materializan rápidamente, los activos peruanos podrían recuperar niveles precrisis en seis a ocho semanas.

El mediano plazo presenta mayores incertidumbres estructurales que trascienden la coyuntura inmediata. Perú enfrenta una crisis de gobernabilidad que ningún cambio presidencial resolverá porque el problema radica en un diseño institucional defectuoso que permite al Congreso destituir presidentes mediante acusaciones vagas de incapacidad moral con mayoría simple. Este mecanismo ha normalizado la inestabilidad, convirtiendo el impeachment en herramienta de negociación política ordinaria. Para inversionistas con horizonte de mediano plazo, esto implica que Perú operará con prima de riesgo político elevada independientemente de quién gobierne. Las decisiones de inversión en proyectos mineros de largo plazo, que constituyen la columna vertebral económica del país, enfrentarán dilaciones mientras las corporaciones evalúan si el próximo gobierno elegido completará su mandato. La paradoja peruana es que su economía es suficientemente robusta para crecer a pesar del caos político, pero nunca alcanzará su potencial mientras la ingobernabilidad persista y en ello somos demasiado impredecibles.

Respecto de las relaciones con EEUU, por ejemplo, como país crucial en nuestras relaciones internacionales, permanecerán esencialmente inalteradas porque están institucionalizadas más allá de personalidades presidenciales. Washington observará la transición con cautela pragmática pero sin alarma. El Tratado de Libre Comercio vigente desde 2009 continuará operando normalmente, la cooperación en narcotráfico proseguirá dado que ambos países comparten intereses en contener la producción de coca, y los vínculos militares y de inteligencia no se verán afectados. Estados Unidos ha demostrado capacidad para trabajar con todo el espectro político peruano porque Perú mantiene consenso bipartidista sobre economía de mercado y apertura comercial. La única variable que activaría mayor involucramiento estadounidense sería un colapso del orden público con violencia masiva similar a las protestas de 2022 que dejaron más de cincuenta muertos, y que siempre se le reprochó a la expresidenta Boluarte sin mayores consecuencias legales ni morales para esta y que se sumará a los tantos reproches de los últimos años a los que ella y su gobierno hicieron caso omiso. Este nuevo escenario, sin embargo, obligaría a Washington a considerar si fuera necesaria la mediación regional o respaldo a la estabilización.

Geopolíticamente, la crisis peruana refuerza una narrativa regional preocupante sobre la fragilidad democrática andina. Mientras Chile enfrenta tensiones constitucionales persistentes, Ecuador navega crisis de seguridad sin precedentes, y Bolivia mantiene fracturas políticas profundas, Perú se consolida como ejemplo paradigmático de democracia procedimental sin capacidad de gobierno efectivo y ni hablar de los fallidos Venezuela y Colombia. Esto tiene implicaciones para la competencia China-EEUU en la región. El Perú es receptor masivo de inversión china mientras mantiene lazos estratégicos con Washington, equilibrio delicado que requiere estabilidad institucional mínima. Una administración débil de Jerí podría crear oportunidades para que Beijing profundice influencia mediante financiamiento estratégico o apoyo político, movimiento que EEUU monitoreará con preocupación. El desenlace de esta crisis no solo definirá el futuro inmediato de Perú sino que enviará señales sobre la viabilidad del modelo democrático andino en una era de creciente polarización y debilidad institucional.