Contra la impunidad

Quero se refirió a los abusos como “una práctica cultural, lamentablemente que sucede en los pueblos amazónicos, para ejercer una forma de construcción familiar de las jovencitas”.

¿De dónde sacó el ministro de Educación semejante teoría? Las denuncias sobre este tipo de violaciones de niñas y niños por parte de profesores y, a veces, de directores de colegio, datan de inicios del 2000.

En ciertos casos se procedió a un acuerdo económico entre el agresor y la familia de la víctima, según la Unesco (“Violencia de género y embarazo adolescente en Amazonas”…, Lima, 2022, pp. 15).

Belinda Jima, participante de la III Escuela de Derecho de la Red Eclesial Panamazónica, denunció estos hechos en marzo del año pasado.

Hay familias, dijo Jima en su testimonio, que se convierten en cómplices porque acuerdan con el abusador. Agregó: “Incluso algunos se escudan en que este modo de actuar son las costumbres del pueblo” (“Querida Amazonía”, 1.3.23).

Los abusadores y sus cómplices han usado alguna vez como pretexto una inventada “costumbre del pueblo”. Lo hicieron para evadir la responsabilidad penal de la violación contra menores.

No es, pues, ninguna práctica cultural. Menos algo que tenga que ver con la “forma de construcción familiar de las jovencitas”. El ministro Quero ha pedido disculpas, pero no ha explicado la barbaridad que dijo. No entendió o padeció de un gravísimo déficit de comprensión lectora.

No hay por qué defender a esas familias que pactaron arreglos económicos. Ni a los “apus” que no procedieron con las denuncias y sanciones. En contrapartida, muchas familias afectadas buscaron justicia, consuetudinaria u ordinaria.

El fiscal de Condorcanqui, Erlin Medina, ha denunciado por su lado que muchas veces las comunidades indígenas no permitieron que se capture a los violadores de niñas. Ha confirmado que hay casos de acuerdos económicos que pueden ser dinero, especies o terrenos.

Nada nos debe impedir condenar la cruda realidad de esas familias o de esos “apus” cómplices por negligentes. No se debe permitir la impunidad en ningún nivel.

El derecho de las personas, en este caso niños y niñas, debe estar por encima de cualquier otra consideración.