Camino al despeñadero

En las últimas tres décadas, el Perú dio un salto gigantesco en cuanto a crecimiento económico y reducción de pobreza. Logramos reducir la pobreza de 57% en el 2004 a 20% en el 2020. Y esto es esencialmente por las reformas fiscales y económicas de los años noventa y porque el MEF y el BCR se convirtieron en islas de excelencia con un manejo de país del primer mundo. De hecho, todos los ministros de Economía de los distintos gobiernos habían respetado una política fiscal conservadora, hasta que llego al poder Pedro Castillo.

Hace unos días, en su columna de “La República”, Miguel Palomino se mostraba sorprendido de que 35 años después de que el Perú lograra sobreponerse a la gran crisis fiscal que nos llevó a tener 12.000% de inflación en agosto de 1990, hoy tengamos que explicar el porqué de la importancia de la disciplina fiscal. Desde el 2023, el Perú ha venido incumpliendo la regla fiscal. Esto significa que ha gastado más de lo que ha recaudado. Y todo hace esperar que en el 2025 y 2026 seguiremos por ese camino.

Es inexplicable tener en el MEF a alguien que no entiende la importancia de la disciplina fiscal y el costo que no respetarla representa para el desarrollo del país. La nueva ley aprobada por el Congreso, con la venia del MEF, que reduce a 14% los ingresos del Gobierno Central por el IGV, generara una pérdida de S/10.000 millones por año. Esto significa que el Estado deberá endeudarse para poder cubrir sus gastos. Solo esta ley ocasionará un aumento de 9 puntos porcentuales del PBI en los próximos 10 años (IPE).

Esta ley le otorga más recursos a los gobiernos locales para gastarlos únicamente en inversión. ¿Cómo esto puede ser positivo cuando sabemos que las municipalidades no tienen la capacidad para ejecutar proyectos? Con lo cual la ejecución del gasto público y la satisfacción de las necesidades de los peruanos caerán. Y esto es gravísimo en un país donde el 51,6% de peruanos no tiene acceso a servicios básicos (agua, saneamiento, luz, telefonía móvil e Internet).

Pero esta no es la única ley que está minando las finanzas públicas. Las exoneraciones tributarias son regímenes de excepción, que deben darse cuando se identifica una industria joven que tiene ventajas competitivas y que requiere un impulso temporal. La semana pasada el Congreso aprobó en primera votación la nueva ley agraria que reduce a 15% del Impuesto a la Renta para las grandes empresas del sector agroindustrial hasta el 2035. El MEF ha estimado que el impacto fiscal de esa ley será de S/20.000 millones durante su vigencia. En esa misma línea, el año pasado se amplió la vigencia de la ley que reduce el IGV a 8% para empresas del sector restaurantes y turismo que facturan hasta S/7,8 millones.

Por lo que aquí los responsables no son solo los ministros del gobierno de Boluarte o los congresistas; son también los empresarios que impulsan beneficios para sus sectores en el corto plazo, sin querer ver el daño que se les hace a las finanzas públicas en el mediano plazo.

Para lograr evitar el despeñadero necesitamos dar batallas. Pisar callos e imponer pérdidas a importantes grupos de poder. Necesitamos exigirle a Boluarte gobernar pensando en el futuro del país y a los líderes políticos que, se supone, son oposición, como Keiko Fujimori, dar explicaciones. No podemos permitir que el país se nos vaya de las manos como en los ochenta.