¿Cómo pueden las agrupaciones optimizar sus filtros para que los delincuentes no se infiltren en la política?

"Los partidos que no hagan un esfuerzo sincero por depurar sus listas y presentar candidatos con un mínimo de idoneidad y dignidad se arriesgan a ser juzgados con severidad en las urnas".

A escasas semanas de que los partidos políticos inscriban formalmente sus listas de candidatos para el próximo proceso electoral, aumenta la preocupación por asegurar que utilicen filtros estrictos para evitar la presencia de gente vinculada a organizaciones criminales o a economías ilegales en la política.

Durante el año pasado, desde Transparencia hicimos incidencia para que el Congreso aprobara una ley de idoneidad que impida la postulación de candidatos con sentencias por delitos graves. Dado que las iniciativas legales no prosperaron, queda en manos de los propios partidos y de la ciudadanía elegir una representación política de calidad.

Con ello en mente, Transparencia incubó, desde CoGobierna, su laboratorio de innovación democrática, una herramienta digital alimentada por más de una docena de bases de datos públicas y potenciada por inteligencia artificial. De la mano de cuatro instituciones prestigiosas y de un firme compromiso democrático (IPAE, IPYS, Empresarios por la Integridad, Proética), se ha creado un consorcio que pone a disposición de todos los partidos políticos en carrera esta plataforma para que filtren a sus precandidatos de cara a las elecciones primarias.

Siete partidos han firmado ya un convenio con el consorcio que agrupa a estas instituciones, e invitaciones han sido cursadas a todos los que están en carrera.

A partir del próximo año, con las candidaturas ya oficialmente inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones, esta herramienta pasará a manos de la ciudadanía y de la opinión pública, y será muy fácil identificar qué partidos aspiran a trabajar por el futuro de todas y todos los peruanos y cuáles solo ven la política como una forma de defender intereses particulares y lucrar con ello.

La integridad será un eje central en la próxima elección. Los partidos que no hagan un esfuerzo sincero por depurar sus listas y presentar candidatos con un mínimo de idoneidad y dignidad se arriesgan a ser juzgados con severidad en las urnas.

"Fortalecer los filtros internos exige corresponsabilidad: partidos que eleven sus exigencias y un Estado que provea información accesible y confiable".

Uno de los principales retos de la democracia peruana es impedir que los partidos se conviertan en espacios de ingreso para personas con antecedentes delictivos. Si bien la Constitución protege el derecho de asociación, nada impide que las organizaciones eleven sus estándares éticos y exijan un mínimo de idoneidad a sus miembros.

En ejercicio de su autonomía, los partidos deben incorporar la exigencia y verificación de antecedentes como parte obligatoria de sus procesos internos. Esto implica exigir certificados oficiales y, sobre todo, acceder a un canal centralizado o ventanilla única de uso permanente –que no se limite a etapas electorales– para corroborar los antecedentes policiales, judiciales y penales. El problema es que hoy la información no está sistematizada ni actualizada, una limitación externa que debe corregirse. Respecto de las investigaciones penales, su carácter reservado impone límites inevitables, aunque ello no exime a los partidos de verificar lo que sí es accesible.

A propósito de las firmas falsas en fichas de afiliación, tras las elecciones del 2026 debería impulsarse un proceso de reinscripción obligatoria. Este permitiría mejorar los filtros e incorporar en las fichas una autorización expresa del afiliado para que el partido verifique sus antecedentes, garantizando así la legalidad de la consulta. Esto abre una pregunta de fondo: ¿tiene sentido seguir exigiendo un número mínimo de afiliados como requisito para mantener la inscripción? En la práctica, muchos padrones se convierten en un mecanismo para cumplir la ley y no en un reflejo de verdadera militancia. Difícilmente se pueden exigir filtros rigurosos cuando la base misma del registro carece de autenticidad.

Otro aspecto clave es el costo. Actualmente, la carga económica de obtener certificados recae en el ciudadano. Una alternativa más eficiente sería que los partidos accedan a la información mediante un sistema de suscripción, asumiendo los gastos y garantizando un control constante.

En definitiva, fortalecer los filtros internos exige corresponsabilidad: partidos que eleven sus exigencias y un Estado que provea información accesible y confiable. Solo así se podrá recuperar la confianza ciudadana en la política.