El festín inacabable

A estas alturas ya es insuficiente decir que este es el peor Congreso de nuestra historia.

En esta última legislatura –y ya completamente indiferentes al abrumador e irreversible rechazo de la población– optaron por evitar turbulencias en su frente interno, con jugosos y frecuentes incrementos de sus ingresos, a la vez que llevando a impensados niveles aquello de otorongo no come otorongo, garantizando impunidad a mochasueldos y otros especímenes afines.

A su tranquilidad contribuye, además, la sumisión del Ejecutivo a cualquier decisión que tomen. Es que la presidencia más impopular desde que existen encuestas no cuenta con otro apoyo que el de ellos.

Conseguida la paz interna y externa, legislan. Algo que en muchos casos no pasa de ser un mercado persa donde se compra y se vende, donde prima el hoy por ti mañana por mí.

“Vota por mi ley que reduce el IGV a las peluquerías. ¿Por qué a las peluquerías y no a las zapaterías o lavanderías? No te compliques: si tú me apoyas, hago lo mismo con tu ley para que los maestros contratados se nombren sin evaluación. Pero eso perjudica a los estudiantes. Si no aceptas, olvídate de tus peluquerías. Cuenta conmigo, mi hermano”.

Y así, día tras día, semana tras semana, hemos sido testigos de una suma de complicidades que degradan lo poco que teníamos. Institucionalidad democrática, educación de calidad, sensatez económica y obligaciones internacionales, entre las principales víctimas.

Como cereza de la torta está la aprobación de una norma que parece escrita al alimón con las organizaciones criminales que nos asolan.

Esta es parte de un paquete para favorecer la impunidad del crimen, uno que solo se puede entender porque la gran mayoría de los congresistas enfrenta investigaciones penales.

Si sumamos a lo anterior que Dina Boluarte y su hermano confrontan situaciones similares, no es difícil colegir que la búsqueda de impunidad sea un objetivo compartido por el Ejecutivo y el Congreso.

Pero ¿por qué quitarle mucho de su efectividad a la ley contra el crimen organizado?

Simple: porque la corrupción estaba incluida dentro de los alcances de esa ley. Ahora ya no, pero necesitaban una forma de disimular su exclusión, con lo que han dejado a una multiplicidad de otros delitos graves sin las herramientas que esa ley provee a la justicia.

Y, para el sumun de lo grotesco, los congresistas que han sido allanados en su momento por orden judicial son los que han conseguido la aprobación de una norma que obliga a avisarles con anticipación que van a serlo. O sea, garantía total de cero eficacia, regulada por ley.

A la también allanada Dina Boluarte no le bastó suspender por venganza al coronel Harvey Corchado, quien actuó a pedido fiscal y con orden judicial. Luego ordenó quitar todo el apoyo policial que llegó a tener el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder. Después de eso vino una campaña de desprestigio contra la Diviac y se la condena a vegetar en la Dirincri, una dirección policial muy valiosa, pero que ya tiene su organigrama completo y donde la Diviac sobra. No tomará mucho tiempo para que a esta unidad modelo en la lucha contra el crimen organizado la desparezcan del todo.

En conclusión: a los investigados por corrupción en lo más alto del poder del Ejecutivo y del Congreso no les ha importado perjudicar la lucha contra el crimen organizado en general, para impedir que sigan siendo investigados en los casos de corrupción que los inundan.

¿Se puede caer más bajo? Sí, esto no ha terminado. La lógica mafiosa se ha enseñoreado en dos poderes del Estado y no van a desperdiciar la oportunidad de ‘perfeccionar’ lo logrado. Después de todo, tienen dos largos años para consolidar sus objetivos.