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El bloque de derecha parece no entender la relevancia de la minería para el país. O, peor aún, parece no importarle. Todo hace indicar que, por cuarto período consecutivo, dicho bloque ha decidido dejar la presidencia de la Comisión de Energía y Minas en manos de congresistas que no tienen interés en promover iniciativas a favor de la minería formal, que continúan con discursos trasnochados sobre esta actividad y que son una coladera para la minería ilegal.
En las últimas negociaciones sobre la repartición de las presidencias de las comisiones, se planteó dejar el control del grupo de Energía y Minas en manos del Bloque Magisterial, la bancada conformada por exmiembros de Perú Libre. Para el período 2023-2024, dicha bancada puso en el cargo a Segundo Quiroz, que presentó el proyecto de ley 07462/2023-CR, que busca extender el período para la formalización de actividades mineras hasta el 2027.
Durante la gestión de Quiroz, se dictaminó una de las iniciativas más peligrosas a favor de la minería ilegal: la Ley 31989, que deroga la disposición del Decreto Legislativo 1607, que facultaba a la policía a actuar frente a la tenencia ilegal de explosivos por personas con inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que tuvo como uno de los autores al actual presidente del Congreso, Eduardo Salhuana.
En los dos años anteriores, la Comisión de Energía y Minas estuvo en manos de Acción Popular, que colocó en la presidencia a Enrique Alva (2021-2022) y Jorge Flores Ancachi (2022-2023). Este último ha presentado un proyecto que propone una nueva ley de minería a pequeña escala que ya tiene dictamen. En la mesa temática de minería ilegal organizada por El Comercio, Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de Minera Poderosa (Pataz), advirtió que este proyecto “vulnera los derechos de propiedad, que han sido la piedra angular y permitieron al Perú despegar en minería”.
Es cierto que los intereses de la minería ilegal trascienden a las bancadas de izquierda en este período. Incluso el actual presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso, está acusado de tener nexos con este tipo de economía ilegal. Pero los grandes partidos deberían trazar una postura clara a favor de la inversión minera formal que atrae puestos de empleo y que es uno de los principales motores de la economía del país.
Ante la proximidad de la campaña electoral, donde resurgirán los discursos trasnochados, es momento de que el bloque de derecha también recupere espacios en grupos de estudio claves como la Comisión de Trabajo, donde, en los primeros tres períodos, la presidencia del grupo ha recaído en la bancada izquierdista de Juntos por el Perú, el partido de Roberto Sánchez, actual aliado de Antauro Humala. De igual manera, debería causar alerta que Fuerza Popular esté dispuesto a ceder la presidencia de la Comisión de Economía a Acción Popular con ‘Los Niños’. Hay cosas más importantes en la agenda del país que tener una vicepresidencia legislativa.
