El Congreso aprobó una iniciativa que tiene como propósito abrir investigación contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y, según todo lo indica, por su carácter sumario, destituirlos en los tiempos más breves. Las principales razones a las que apela el Congreso para plantear la remoción son “el pronunciamiento de la JNJ sobre el proceso de antejuicio y juicio político de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera; y la denuncia de supuesta intromisión ante los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para pronunciarse a favor de la inhabilitada magistrada” (Centro de Noticias del Congreso, 7/9/23), y mantener en el cargo a la doctora Inés Tello a pesar de haber cumplido 75 años.
Las conductas por las que la mayoría del Congreso acusa a los integrantes del JNJ, ¿son faltas? ¿Son faltas graves? ¿Merecen el carácter sumario; es decir, un proceso de solo 14 días hábiles? En rigor, el solo hecho de que el proceso sea sumario anticipa una condena: los magistrados del JNJ serán objeto de remoción; y esto, sin siquiera el derecho básico a una adecuada defensa.
¿Qué se quiere con este proceso sumario? Controlar el sistema electoral e influir indirectamente en el nombramiento y la evaluación de fiscales y de jueces. Es cierto que cada grupo parlamentario va con su propia agenda específica, particular, pero la mayoría unida en el mismo objetivo.
Desde hace meses, el debilitamiento de las instituciones del Estado y de la democracia está generando una drástica reducción de los derechos individuales y afectando la independencia de poderes. Como es inevitable, debilitar las reglas de juego institucional influye negativamente también en la economía y termina por perjudicar la vida de los peruanos. Este año el crecimiento económico será raquítico –ligeramente más del 1%– y se puede afirmar que ya estamos en recesión. La influencia negativa de la política en la economía tiene directa relación con el colapso institucional que el Congreso ha promovido este año. La decisión de desaforar abusivamente a los integrantes del JNJ no hará sino resquebrajar aún más la ya débil institucionalidad jurídica del país.
Tiene razón Samuel Rotta, de “Proética”, cuando tuitea una pregunta que transparenta la relación entre política y economía: “¿Recuerdan que hay un proceso de adhesión a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en sus fases finales? ¿Y que la prioridad del comité sobre gobernanza pública es evaluar la separación clara de poderes, el imperio de la ley y la confianza en instituciones?” (9/9/23). La vicepresidenta de Confiep, Leonie Roca, también lo dice con claridad: “La institucionalidad es una piedra angular del progreso económico y social. Sin instituciones estables y predecibles, vivimos en la incertidumbre. Puede no gustarte la JNJ, pero no se le destroza al garrotazo” (9/9/23).
Al margen de si las elecciones son en el 2026 o en el 2025, ese “garrotazo”, que permitiría a los grupos que hoy están en el poder controlar el sistema electoral, anuncia su voluntad implícita de quedarse en el poder, al margen de los costos económicos, políticos y sociales para el país. Habrá que ver si las instituciones de los diferentes sectores de la sociedad civil se pronuncian contra este atropello. El país está a punto de terminar de perder su ya debilitada democracia.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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