A la luz de lo acontecido en Pataz, cobra un valor especial el reciente informe del Banco Mundial, “Crimen organizado y violencia en América Latina y el Caribe” (abril, 2025), que presenta un diagnóstico sobre la criminalidad en la región, y plantea acciones para enfrentar este extendido y complejo problema.
Coincidiendo con algunas características propias de la criminalidad en el Perú, el Banco Mundial encuentra que en América Latina y el Caribe, “durante la década del 2010, la demanda global de cocaína, oro ilegal y tráfico de migrantes se disparó […]. El auge de la demanda atrajo nuevos actores al negocio” (p. 53).
Entre los impactos trascendentales está la captura del Estado: la actividad delictiva actual “es posible gracias a la habilidad de los grupos criminales para manipular actores estatales tanto a nivel nacional como subnacional” (p. 50). El incremento se debe también a que “la mayor producción y disponibilidad de armas han facilitado la expansión del crimen organizado hacia nuevas áreas y mercados” (p. 54). Advierte, además, que “los grupos de crimen organizado se han vuelto cada vez más transnacionales” (p. 54), lo que añade una mayor complejidad.
Como parte de una estrategia contra la criminalidad, el informe sostiene que “la acción estatal en la lucha contra el crimen organizado requiere una mejor comprensión de su funcionamiento”. Esto es, emplaza a los Estados para que cumplan con la imprescindible decisión de conocer mejor al enemigo que combaten. En el mismo sentido, constata una lamentable y preocupante realidad: “La falta de información confiable sobre el crimen organizado y los desafíos para medirlo de manera sistemática y comparable entre países son inmensos” (p. 69).
El informe plantea que, “dada la complejidad y la multiplicidad de formas que puede adoptar la actividad del crimen organizado –así como la limitada capacidad del Estado para enfrentarla–, los responsables de la formulación de políticas deben priorizar y comenzar por identificar el tipo de crímenes que tienen los impactos más adversos para enfocar en ellos todos los esfuerzos del Estado, de manera coordinada” (p. 77).
Una consideración importante es que el crimen organizado “es un problema de desarrollo que se nutre de la falta de oportunidades y participación política de las poblaciones más vulnerables” (p. 75). Importante observación a tomar en cuenta, además de las políticas centrales de seguridad vinculadas a las cárceles, las fuerzas de policía y los sistemas de justicia.
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