Tierra sin ley

El 8 de febrero seis niños fueron rescatados por la Policía Nacional del Perú (PNP) en Trujillo. Habían sido secuestrado por los Gallegos del Tren de Aragua. En Chorrillos, secuestradores mataron a un mototaxista de 18 años porque su familia no pudo conseguir los S/400 que pedían para devolverlo. Lo más probable es que en el primer caso un juez encuentre que no hay indicios suficientes contra quienes traficaban con los niños; y, en el segundo, nunca se sepa quien mató a Christian. Solo en lo que va de febrero, un joven fue asesinado por sicarios en Ventanilla y otros tres resultaron heridos en un restobar, todos menores de edad. En el Callao, mataron a Jerson Sernaqué de cinco balazos. En San Martín de Porres, Carlos Muñoz fue asesinado en su mototaxi; y, en Huarochirí, Marita Sánchez fue acribillada frente a sus nietos en su propia casa.

En los últimos años, la gran presencia de economías ilegales –como la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal y el tráfico de personas– se ha convertido en una de las amenazas más graves que enfrenta el país. En el Perú, las economías ilegales mueven más de US$6.500 millones cada año. Dinero que, por cierto, entra a la economía formal por diversos canales. Las economías ilegales no solo tienen un impacto directo en la pérdida de ingresos para el Estado, sino que, más importante aún, las zonas en las que operan las actividades ilegales terminan siendo tierra sin ley, con altos índices de violencia, delincuencia, extorsión y tráfico de mujeres y niñas para la explotación sexual.

Las actividades ilegales se amparan en milicias, paramilitares o en grupos armados a sueldo (sicarios) para proteger sus actividades y mantener su posición de dominio. Y por eso el sicariato se convierte en una actividad lucrativa en países con un índice tan alto de impunidad como el Perú en el que millón y medio de jóvenes entre 15 y 29 años no estudian ni trabajan el sicariato les ofrece la posibilidad de ser “alguien”.

Según el Índice de Crimen Organizado Global 2023, el Perú enfrenta un incremento en la violencia y las actividades ilegales. El crimen organizado opera impunemente y para hacerlo ha logrado penetrar el aparato estatal –sea a través del financiamiento de partidos políticos candidatos que, una vez en el poder, les facilitan sus ilegales operaciones y el blanqueo de su dinero o a través de la compra de jueces y policías con el mismo fin. Los negocios ilegales están creciendo como un cáncer creando una trampa de violencia y corrupción. Y, sin embargo, el 87% de los peruanos cree que las economías ilegales han contribuido al crecimiento económico de su región.

La falta efectiva del Estado y la incapacidad de la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial para controlar las actividades ilegales les permite operar con total libertad. En el Perú, ser criminal paga y paga bien.

Pero no son solo las economías ilegales las que operan con absoluta impunidad. Vladimir Cerrón tiene una orden de detención en su contra y, pese a que en principio la PNP lo busca desde hace meses, sigue tuiteando proclamas socialistas y atacando al Gobierno. Hace unos días, una turba de comerciantes de Gamarra atacó al personal de fiscalización de la Municipalidad de La Victoria lanzándoles rejas, cajas y diversos objetos. Y esta semana, en el Cercado de Lima los fiscalizadores municipales fueron recibidos a palazos. Uno de ellos recibió 12 puntos en la cara producto de las heridas.

La violencia e inseguridad debilita las expectativas de crecimiento y el interés de los empresarios de invertir en el Perú. Y debilita aún más la confianza de los ciudadanos en el Estado, en las instituciones y en los demás ciudadanos. Esto es sumamente peligroso porque si hasta el 2022 el 52% de los peruanos decía estar de acuerdo o sentirse muy cómodo con un golpe de Estado militar en caso de corrupción insostenible, es muy probable que frente a la violencia e inseguridad que se está desatando este porcentaje sea aún mayor. Y con ello el surgimiento de un líder populista autoritario, estilo Nayib Bukele, con el riesgo que ello implica para la democracia y las libertades de los ciudadanos, está asegurado.