El gobierno de Dina Boluarte y el Congreso tienen una relación fiscalmente tóxica. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) trata de actuar como el adulto en la habitación, pero termina siempre cediendo ante los caprichos casi infantiles de los parlamentarios, que disponen de los recursos como si no hubiera mañana.
En el diseño presupuestal, donde el MEF propone y el Congreso dispone, ambos están atrapados en una especie de baile. El MEF delinea un presupuesto que es, desde su punto de vista, responsable. Sobre esto podemos debatir bastante, pues el MEF suele diseñarlo de tal manera que el déficit fiscal cierre el año en los límites establecidos por las reglas vigentes, sin dejar ningún espacio para el error y creando el riesgo –como ha sucedido el año pasado y tal vez suceda este– de exceder esos topes.
Pero en lo que sí muestra responsabilidad es en tratar de destinar una buena porción de la torta a la reserva de contingencia, donde se guardan recursos para enfrentar imprevistos que no se pudieron prever al momento de diseñar el presupuesto.
El Congreso no puede modificar los montos totales del presupuesto diseñado por el MEF, pero la Comisión de Presupuesto se ha malacostumbrado a abusar de su poder para hurgar en los bolsillos de la reserva de contingencia y repartir esos recursos como les apetece a las bancadas. En el presupuesto del 2024, redujo en casi 29% los recursos propuestos para la reserva; en el 2023, los recortó en 55% y en el 2022, en alrededor de 26%.
Y los montos no son menores. En esos tres años se quitaron casi S/2.000 millones anuales en promedio originalmente destinados a este fin y se adjudicaron a distintas entidades, incluyendo un par de cientos de millones para el presupuesto del propio Congreso en cada uno de esos años.
Un ejemplo extremo de esta dinámica ha sido el crédito suplementario por S/3.000 millones propuesto por el Ejecutivo y aprobado la semana pasada por el Congreso. El proyecto del MEF buscaba destinar S/600 millones –la quinta parte del monto total– a la reserva de contingencia, pero la Comisión de Presupuesto decidió asignar menos del 2% de ese monto a su objetivo original y repartir los restantes S/588,6 millones entre 204 obras de una larga lista de municipios.
Es difícil ver cómo el MEF se sigue tropezando con la misma piedra y señalar solo al Congreso como responsable porque, como se dice, se necesitan dos para bailar un tango. Además, como las dinámicas tóxicas son difíciles de abandonar, probablemente tendremos que lamentar más los efectos de esta danza cuando se debata en el Parlamento el proyecto de la Ley de Presupuesto del 2025 que el MEF deberá enviar antes de finales de agosto.