¿Qué pasará el día 61?

Creo que el paro de transportistas del jueves pasado puede estar marcando un antes y un después en el cuestionamiento al Gobierno de los afectados por la extorsión y el sicariato en el país. La magnitud e impacto social y político de lo que ocurrió, sumada a la decisión de ponerle al Ejecutivo plazos breves para evaluar si las medidas están dando resultados, parecen definir un nuevo escenario.

Como muchos, pienso que es un absurdo que el Gobierno asuma que en dos meses se puede dar vuelta a un problema complicado y arraigado en muchas ciudades y que se da no solo en el transporte, sino en múltiples otras actividades económicas.

Ha sido una medida política para salir del paso de una crisis que no esperaban. No hay razones para suponer que lo que ya fracasó en Trujillo y Pataz, en La Libertad, así como en San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, en Lima, vaya a tener resultados ahora. Es totalmente errada la estrategia de disuadir a quienes actúan bajo la superficie, con la visibilidad que tendrían las Fuerzas Armadas y la PNP en paraderos y otros lugares claves.

Peor aún si las Fuerzas Armadas ya fueron convocadas para apoyar a la PNP en los estados de emergencia anteriores y su presencia fue simbólica y breve. No tenían entonces los efectivos para desplegarse, por ejemplo, en San Juan de Lurigancho, donde viven más de un millón de personas, menos aún los tendrán ahora que son 14 los distritos involucrados, los que a ojo de buen cubero no deben bajar de los cuatro millones de habitantes y que abarcan una extensión territorial enorme. Olvidan que a las Fuerzas Armadas no les sobran y quizás hasta les falten los efectivos para cumplir las múltiples tareas que tienen.

Pero es el propio ministro del Interior el que ha sostenido que en dos meses se obtendrán resultados significativos y que, si ello no ocurre, presentará su renuncia al cargo.

Las supuestamente amedrentadoras frases de los inflamados discursos de la presidenta Dina Boluarte, “el Ejecutivo está un paso adelante de los criminales” o “le estamos soplando en la nuca al crimen organizado”, refuerzan el mismo concepto: se puede derrotar el crimen organizado en poco tiempo.

Por su miopía para entender la naturaleza del problema, combinada con la soberbia de ambos, se han puesto un plazo en el que, a mi juicio, es imposible conseguir resultados importantes, menos aún si no se está haciendo nada significativo en términos de recursos económicos, humanos y tecnológicos para fortalecer la investigación y la inteligencia policial, que poco a poco podrían ofrecer resultados.

¿Qué pasará el día 61? El Gobierno tendrá que prepararse para las protestas de los transportistas que quizás no solo sean en Lima, sino en otras ciudades, y que quizás involucren de alguna manera a múltiples otros sectores afectados por la extorsión.

Cómo no, el Congreso también es parte intrínseca del problema. Han hecho caso omiso a la demanda de derogar la nueva ley de crimen organizado, que intencionalmente dificulta la investigación y que, además, excluye 59 tipos penales de su alcance, entre ellos los de corrupción, que les preocupan a muchos congresistas.

Coda: Por supuesto que puede haber arbitrariedades en la aplicación de la ley de crimen organizado. Pero creo que ello es consecuencia no tanto de la norma original, sino del abuso de algunos fiscales, muy en particular de José Domingo Pérez. Dos ejemplos: definir como una organización criminal de a tres a Pedro Pablo Kuczynski, su secretaria y su chofer, y llevar a juicio al empresario Ricardo Briceño, acusándolo sin pruebas de hechos que le son totalmente ajenos.