Horror cotidiano se normaliza

En Pisco fueron asesinadas María Arana Anicama y Desiré Hernández Peralta, quienes sobrevivían como jaladoras de pasajeros para transportistas. En el distrito de Pampas de Hospital, en Tumbes, encontraron los cadáveres de la bailarina Yeny Halanoca, de 24 años, y de Juan Quispe Quintana, quienes, luego de asesinados, fueron quemados hasta quedar calcinados. Carlos García y Germán Vizcarra, ambos trabajadores penitenciarios de 36 años, murieron acribillados a balazos en Puerto Maldonado. En Carabayllo, para escarmentar a la empresa Transportes 11 de Noviembre, acribillaron al chofer Carlos Ríos Guevara y a su cobrador Edgard Durand Bautista, de 47 y 46 años, respectivamente. En el Callao, el objetivo era “castigar” al chofer de colectivo Christian Dioses Sáenz, de 41 años, pero no dudaron en disparar también a la mujer que iba como pasajera, quien quedó gravemente herida, matar a su hija de 2 años y a su niño en gestación.

Cada semana que pasa no solo aumenta el número de homicidios producto del crimen violento de sicarios al servicio de extorsionadores, en sus disputas por controlar más territorios, sino que también se incrementa la bestialidad con la que buscan amedrentar a quienes se resisten. Si bien los jóvenes varones siguen siendo los más afectados, cada vez más mujeres, adolescentes y niños pequeños figuran entre las víctimas. Más cruel aún: la tragedia de cada una de esas familias se va normalizando y conmueve cada vez menos.

¿Saben de un solo caso en que la presidenta se haya acercado a la familia de las víctimas para expresar su solidaridad?

Las cifras son alarmantes. Revisemos las de Dina Boluarte. En su primer semestre (enero-junio del 2023), el Sinadef registró 679 homicidios. Un año después (enero-junio del 2024), habían subido a 936. Y en enero-junio del 2025, a 1.106. Con un ritmo promedio de incremento anual de homicidios del 19 %, el 28 de julio del 2026 entregará el poder con más del doble de homicidios. Pero si tomamos en cuenta que las denuncias por extorsión han aumentado 22,5% en los primeros meses de este año, puede que me esté quedando corto.

Es el resultado de una gestión gubernamental populista e incapaz de implementar políticas consistentes con las características y magnitud de la amenaza. Eso sí, con la invalorable colaboración del Congreso y sus normas prodelincuencia. Y ambos, en guerra contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, instituciones indispensables en la lucha contra el crimen, pero que les resultan un estorbo para garantizar su impunidad.

Otro sí digo: Dina nunca dejará de ser Dina. Su consistencia es la de la gelatina y su compromiso real con los grandes temas nacionales es casi inexistente.

Veamos. Sus ministros fueron enfáticos: “No más dinero de los contribuyentes para rescatar a Petro-Perú” y “no retrocederemos ni un centímetro en el Reinfo”.

Los titulares de El Comercio de ayer son elocuentes respecto del valor de la palabra empeñada en este gobierno. Por un lado: “Petro-Perú niega rescate pese a que MEF aplaza pago de US$1.000 millones de obligaciones”. Cabe añadir que el presidente del directorio tiene la pechuga de culpar al BCR de sus fracasos por mantener la tasa de referencia y encarecer los préstamos para pagar sus deudas, así como a las marejadas, que retrasan embarques y desembarques, por las nuevas pérdidas de la empresa.

Por el otro: “El gobierno abre las puertas para el regreso de mineros informales excluidos del Reinfo”. A lo que añadiría una pregunta: salvo en Pataz, ¿qué ha cambiado en la actividad cotidiana de los mineros no legales desde que se aprobó el decreto supremo que impone nuevas condiciones? ¡Hagan sus apuestas!