Territorio baldío

Indicaba Carlos Basombrío –en su columna de hace dos semanas– que la actual ola delincuencial extorsiva está caracterizada por un conflicto en el control de territorios; es decir, en el dominio violento sobre los espacios donde se ubican los pequeños negocios, las rutas de transporte, las minas auríferas, etc.

La lucha por un lugar en la ciudad no es algo nuevo, sino parte esencial de la historia de cualquier urbe. En la modernidad, el primer control lo ejerció el soberano, que lo adjudicaba a sus vasallos. Luego pasó el control al mercado, que segregó el espacio según la capacidad socioeconómica. Estos modelos de control tradicionales entraron en crisis a partir de mediados del siglo XX. Entonces, surge una forma alternativa del control sobre el territorio que se realizó en base a acciones colectivas inspiradas en banderas reivindicativas.

A partir de los 50, se informalizó así nuestra ciudad y la invasión de terrenos, la incursión pirata de las rutas de transporte y la ocupación ilegal de las calles se convirtieron en parte normal de nuestro crecimiento como ciudad, especialmente la “popular”.

En la informalidad, funcionaba la institucionalidad organizativa; los territorios invadidos eran gobernados y defendidos sobre la base de organizaciones populares. En esos tiempos, las extorsiones eran realizadas por funcionarios municipales que cobraban por un lugar en la vereda o por tramitar el título de propiedad. Una vez consolidada la ciudad, sin embargo, la organización popular del territorio dio lugar a la privatización del espacio. Los delincuentes se tecnificaron con motos y armas de fuego y sobrepasaron las ahora inefectivas rondas urbanas. Sin resguardo colectivo o fuerzas institucionalizadas de orden público que garanticen el cumplimiento de las normas, ¿qué esperanzas tenemos? El desorden ahora llega a ser de tal magnitud que afecta negativamente al ciudadano, pero también al delincuente y sus bandas. Si cierran los pequeños negocios y no salen los micros por falta de garantías, se llegará a un punto en el que no habrá a quién extorsionar, pero tampoco habrá empleo o movilidad.

Esto muchas veces obliga a que los malhechores negocien y compartan el territorio, como sucedió en muchas ciudades controladas por familias mafiosas. Pero no hay que engañarse, es un orden falso. Como señala la Europol, “el poder de las mafias italianas reside en el control y explotación de territorios y comunidades”. La paz se mantiene vía el respeto de las fronteras y pactos acordados entre unas pocas bandas. Pero son soluciones antidemocráticas. No hay confianza o respeto de derechos, es un orden que se mantiene por el temor y la venganza. Las reglas no son legítimas porque solo están para beneficiar a los que controlan los medios coercitivos interesados en exprimir el territorio y la comunidad hasta restarle todo lo que constituye una vida digna.