Fue ayer y sí se acuerda

En su mensaje a la nación del 21 de octubre, José Jerí anunciaba la enésima declaración del estado de emergencia, esta vez en Lima y Callao. Para que no quedara duda de lo que prometía, sostuvo: “Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú. [...] Pasamos de la defensiva a la ofensiva”.

En noviembre, casi con la misma euforia, afirmaba que la curva de crecimiento de la criminalidad había comenzado a estancarse y que el siguiente objetivo era que empezara a decrecer (estaba desinformado o desinformando: las cifras oficiales indicaban que sucedía lo contrario).

A mediados de diciembre se le hacía más difícil ocultar la realidad y se limitaba a un tibio: “Notamos un crecimiento exponencial de operativos. Antes, el Estado no trabajaba como ahora”, dijo a la revista “Cosas” (de hecho, todas las policías del mundo, todos los días, realizan operativos y detienen delincuentes; con Boluarte también, y los mismos jefes policiales que hoy le reportan lo hacían entonces, leyendo soporíferos listados diarios de estos; el punto es otro: ¿logran resultados que muevan la aguja a favor de la ciudadanía?).

En vísperas de que expire el año, cambia casi completamente su discurso: “Esta guerra contra la delincuencia no la voy a perder; tampoco la voy a ganar, pero el que viene va a tener la cancha preparada para que la gane” (si nos guiamos por lo ocurrido hasta ahora, probablemente la situación que deje será incluso peor que la que encontró).

En síntesis, no es que sea malo declarar el estado de emergencia, sino que no constituye una estrategia: es solo una herramienta, y ni siquiera la más importante.

Las cifras oficiales son elocuentes. El analista Juan Carbajal encuentra que, al 23 de diciembre, a los 73 días de este gobierno, se registraban 404 homicidios, un promedio diario de 5,53 que, pese a que aún faltan ingresar casos, es superior al de los 73 días previos.

Su fracaso se explica también por lo que no quiere hacer.

Para empezar, la derogatoria de las leyes que vienen debilitando la lucha contra el crimen. El Comercio titulaba: “Jerí apoyó leyes que debilitaron la lucha contra el crimen”, y detallaba 10 de ellas. Como respuesta, Jerí anunció la conformación de una mesa de trabajo de ‘académicos’ para que diriman. Los nombres que trascendieron eran los de abogados penalistas defensores de acusados por crimen organizado. En cambio, no quiere escuchar al coordinador de la fiscalía contra la criminalidad organizada, quien sostiene que esas normas afectan la seguridad ciudadana y debilitan el sistema de justicia.

Otro asunto que rehúye es el combate a la minería ilegal, que además de ser un problema gravísimo, influye directamente en el crecimiento de la extorsión y el sicariato.

Un primer paso sería la eliminación del Reinfo, cuya vigencia ha sido ampliada varias veces con el voto del congresista Jerí. La propuesta inicial del Congreso era extenderlo hasta finales del 2027. Para salvar la cara, el presidente planteó que fuera solo hasta fines del 2026. El Congreso apoyó a su hombre en Palacio. Este ahora dice que va a estudiar “técnicamente la norma” [sic] antes de decidir si la promulga. Pago por ver.

Vuelvo al título de esta columna, que juega con “Fue ayer y no me acuerdo”, la mejor novela de Jaime Bayly. José Jerí sí se acuerda y cambia de discurso con rapidez. Es que promesas del tipo “[conmigo] las corvinas nadarán fritas con su limón” podrían terminar ahogándolo en el mar de los frustrados.

Coda: según “Territorio tomado”, Paolo Alzamora, amigo del presidente y empresario inscrito en el Reinfo, sería nombrado jefe del Ingemmet, entidad que otorga las concesiones mineras.