La teoría de la puerta giratoria: el ida y vuelta de la informalidad a la formalidad

En el Perú, siete de cada diez trabajadores viven en la informalidad. No es solo una estadística: es la constatación de un fenómeno que funciona como una puerta giratoria. Muchos emprendedores ingresan al sistema formal, pero pronto vuelven a la sombra de la informalidad, producto de los vacíos normativos y administrativos, que les permite ir y venir sin límite alguno. El marco tributario y legal está diseñado para unos pocos, no para todos. Así, se perpetúa una economía híbrida donde lo formal y lo informal conviven y cooperan permanente.

Frente a ello, surge la necesidad de repensar las reglas de juego. No basta con fiscalizar a la minoría formal, mientras la mayoría permanece al margen. La formalización debe ser vista como una oportunidad atractiva, acompañada de incentivos claros y sostenibles, no como un costo inalcanzable.

Juventudes proponiendo alternativas

La Red Nacional de Juventudes del Perú (RENAJUV) presentó dos anteproyectos de ley que buscan transformar esta realidad: La Ley del Sistema Integrado para la Formalización y Desarrollo Económico, presentada a la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) en junio 2020; y la Ley para la Reactivación Económica y Fomento a la Educación, Salud y Confianza, presentado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en enero del 2021 y al Congreso de la República en junio 2020.

El primero propone instrumentos como el Registro Único Obligatorio (RUO) y un Observatorio Nacional Tributario, para transparentar el estatus económico de cada ciudadano. El segundo plantea el Programa INTI, que premiaría a quienes colaboren con la recaudación mediante un sistema de devolución parcial del IGV a través de facturas y boletas declaradas en un aplicativo digital.

La propuesta es innovadora: los consumidores que guarden y registren comprobantes de pago obtendrían beneficios como bonos de educación y salud (con porcentajes de 6% u 8% del IGV, según la antigüedad del contribuyente); mientras que las micro y pequeñas empresas formalizadas accederían a un bono de confianza, orientado a asistencia técnica e innovación productiva.

En otras palabras, ambas iniciativas comparten un espíritu común: convertir al ciudadano en un aliado de la transparencia, haciendo que cada boleta y factura se convierta en incentivos directos a la formalidad, con un retorno tangible por cumplir su deber tributario.

Comentarios del Estado: críticas y reconocimientos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el Informe N.° 0038-2021-EF/61.01, reconoció que el anteproyecto buscaba “incentivar la reactivación económica mediante la reducción de la informalidad y el mejoramiento de la recaudación tributaria”, valorando especialmente la creación de un fondo financiado con la devolución del IGV.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en el Informe N.° D000005-2021-PCM-SSTRD-YAC, resaltó la coherencia de la propuesta con la Política Nacional de Inclusión Financiera, señalando que el uso de plataformas digitales interoperables permitiría ampliar la cobertura de servicios financieros y fortalecer la confianza digital.

Estas opiniones reflejan que, pese a las dificultades técnicas de implementación, existe consenso en que la innovación y la digitalización son claves para enfrentar el desafío de la informalidad.

Conexión con la Ley 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano

En 2024, el Congreso aprobó la Ley 32123, reglamentada posteriormente por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Supremo N.° 189-2025-EF. Esta norma recoge, en parte, la lógica de los incentivos planteados en los anteproyectos del año 2020, al establecer mecanismos de devolución parcial del IGV para consumidores finales. Si bien su diseño es más acotado, evidencia que la propuesta de incentivar la demanda formal a través de comprobantes de pago ha dejado de ser una idea disruptiva para convertirse en política pública vigente.

El reto ahora es ampliar y perfeccionar este mecanismo, de modo que no solo se premie al consumidor, sino que también se fortalezca la sostenibilidad de las micro y pequeñas empresas que optan por la formalización.

Hacia un pacto de transparencia

Lo que subyace en estas iniciativas es la necesidad de un nuevo pacto entre Estado y ciudadanía. En lugar de imponer cargas desproporcionadas, se trata de asignar responsabilidades graduales y beneficios visibles. La formalidad no debe ser un castigo, sino un camino de crecimiento que genere confianza en las instituciones y dinamice la economía.

El reto es mayúsculo: diseñar un sistema tributario basado en el registro universal, que no excluya a los más vulnerables y que garantice la equidad ante la ley. Ello requiere voluntad política, reformas fiscales de fondo y, sobre todo, una visión de país que vea en la transparencia y la formalización la base de un desarrollo sostenible.

Podemos concluir que la teoría de la puerta giratoria nos recuerda que la informalidad es un fenómeno dinámico, resistente incluso a crisis globales. Para romper ese ciclo, necesitamos políticas que integren, incentiven y digitalicen. Los anteproyectos de ley presentados por RENAJUV y la posterior aprobación de la Ley 32123, demuestran que el Perú puede avanzar hacia un modelo en el que cada factura y boleta sea más que un comprobante, sino la llave para construir un pacto de confianza y transparencia económica.