¿Lo que Pedro empezó lo terminará Dina?

A la Diviac, Dina Boluarte ya le ha firmado la partida de defunción. Solo espera el momento oportuno. Por ahora, de manera burda y torpe, calientan el ambiente para conseguirlo.

La Diviac la creamos con el objetivo de ser una organización que trabajara transversalmente sobre todos los delitos incluidos en la ley de crimen organizado. Ello vino en paralelo con la aprobación, vía delegación de facultades, de una norma que fortalecía la referida ley.

La corrupción es tan solo uno de los tantos delitos en los que trabaja, de la mano de los fiscales. Según el coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, quien conoce muy bien la calidad de su trabajo, más bien hay que fortalecerla.

Para entender bien la inquina contra esta unidad policial, hay que remontarnos al gobierno de Pedro Castillo. Él no necesariamente fue el presidente más corrupto, pero compitió con entusiasmo por serlo. La diferencia con otros es que se le descubrió hechos de corrupción graves y reiterados mientras ejercía sus funciones.

La gente ya estaba hastiada, a tal punto de que la corrupción comenzó a disputarle a la seguridad el primer lugar en la lista de los problemas nacionales.

Ello creó un clima social y político propicio para la creación del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder y la asignación de un potente equipo especial de la PNP, liderado por la Diviac, para trabajar con ellos.

Fruto de las investigaciones que desarrollaron, Castillo, su entorno e incluso su familia, entraron en problemas serios con la justicia.

Aprovechando el poder que tenía como presidente, lanzó una contraofensiva, que se volvió mucho más agresiva luego de la orden de detención contra su hija putativa. Además, su ira se focalizó en el coronel Harvey Colchado, al que denunció ante inspectoría de la PNP por el allanamiento a Palacio buscándola, pedido por la fiscalía y autorizado por un juez.

Para ello, contó con el apoyo de más de un ministro del Interior funcional a la necesidad de impunidad de Castillo. Y con dos sucesivos comandantes generales de la PNP que lo apoyaron con el encubrimiento a prófugos de la justicia, a los que desde lo alto del poder se quería proteger. Entre tanto, el crimen organizado se enseñoreaba en el país.

El recuento de lo de Pedro es tan parecido a lo de Dina que me ahorro hacer el suyo.

Pero hay una importante diferencia. Ya no son solo Castillo y sus compinches los que quieren frenar la lucha anticorrupción. Ahora la gobernante trabaja en pared con un Congreso en el que son amplia mayoría los que enfrentan investigaciones penales. Ello ya se ha manifestado en una primera ley aprobada en octubre pasado para limitar el plazo para la colaboración eficaz al mínimo posible, con el poco oculto objetivo de que, quienes optasen por ese camino, sientan que pueden confesar sin obtener beneficios.

Súmese la ley aprobada recientemente en primera votación que saca de los alcances de la de crimen organizado a no pocos delitos para disimular que los de corrupción tampoco se investiguen con esa ley. Asimismo, incluye que los allanamientos a los investigados tengan que ser avisados con anticipación a estos y a sus abogados. Algo así como “te vamos a allanar pronto, esconde todo lo que te comprometa”.

Lo de la Diviac es parte de un paquete más amplio en el que, para dificultar las investigaciones por delitos de corrupción cometidos en lo alto del poder, se están debilitando las herramientas creadas para luchar contra narcotraficantes, extorsionadores, mineros ilegales, tratantes y traficantes de personas, entre otros.

Hay tanto político poderoso involucrado en todo esto, que bien pueden lograr sus objetivos.