Abrumados por cómo el Gobierno y el Congreso afectan la estabilidad política y democrática del país, descuidamos casi todo el tiempo cómo esos mismos poderes del Estado ponen gravemente en rojo la economía y las finanzas.
Seguir jugando alegremente tanto a la confrontación, a la vacancia presidencial y al adelanto electoral, desde la oposición, como al relajado populismo y al desbalance presupuestal y tributario, desde las esferas gubernamentales y legislativas, podría llevarnos a contemplar en poco tiempo y muy de cerca el abismo recesivo e inflacionario.
¿Acaso los altos y continuos niveles de escándalo en el Congreso y en todo el aparato del Estado no tienen su origen en la manera dispendiosa como se manejan los presupuestos y salarios, sin el más absoluto sentido de austeridad y control? ¿Muchos de los enemigos del modelo económico acaso no disfrutan de la autoridad para autoasignarse, sin fiscalización efectiva alguna, salarios y bonificaciones que jamás soñaron percibir?
Ya hemos estado alguna vez en el fondo del abismo económico y financiero, con la más grande hiperinflación que hayamos conocido en la historia. Y ya sumamos varios años con crecimiento económico por debajo del 3%, muy lejos del 8% o 9% que podría alentar la recuperación distributiva que nos permitió disminuir drásticamente la pobreza entre el 2006 y el 2011.
Aquella difundida idea del pasado, post shock de 1990, de que habíamos construido murallas económicas y financieras suficientemente fuertes como para resistir y pasar por alto el siempre intenso ruido político interno, hoy no solo no se sostiene, sino que, de tanto ir irresponsablemente más allá, se ha roto la más importante regla de oro del exitoso modelo peruano: la del equilibrio fiscal.
No se extrañen, mis lectores, de que venga a ocuparme hoy de un tema que no es de mi dominio, pero que, por el irresponsable comportamiento político de los últimos años y meses, con efectos de desastre sobre lo económico y financiero, no podía dejar pasar.
Y no es que la economía sea puesta al rojo solo a causa del hoy peligroso déficit fiscal, que cerraría el año en 3,7%, sino también a causa de los malos acuerdos y contratos a nombre del Estado, como el de la colaboración eficaz de la fiscalía con Odebrecht, recientemente pasado de lo secreto a lo público, gracias al habeas data resuelto por el Tribunal Constitucional (TC) a pedido del periodista Phillip Butters, acuerdo que representa una onerosa pérdida fiscal para el Perú en reparación civil. No son menos gravosas, igualmente para el país, las continuas pérdidas millonarias en dólares de arbitrajes que el Estado no ha podido evitar y que finalmente tampoco ha podido defender.
Lo que técnica y heroicamente hace Julio Velarde en la presidencia del Banco Central de Reserva lo deshacen, relajada e irresponsablemente, el Gobierno y el Congreso, mientras el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, cree que el déficit fiscal aún puede convivir con el ruido político, hoy más anárquico que nunca.