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En materia de diseño del presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) propone, pero el Congreso dispone. La única cifra inamovible es el monto total de lo que debe gastar el aparato público, pero todo lo demás puede ser modificado a las anchas de los parlamentarios de la Comisión de Presupuesto, que preside Lady Camones, de Alianza para el Progreso.
Esta cifra inalterable ha sido fijada por el MEF en S/251.801 millones para el 2025, un incremento del 4,6% frente al 2024. Esto parece bastante razonable, especialmente cuando se compara con el 12% que aumentó el presupuesto entre el 2023 y el 2024.
Sin embargo, el Consejo Fiscal (CF) ya ha advertido que la mayoría de factores que están empujando a la economía este año no se van a repetir el próximo, como el impulso al consumo privado por los retiros de los fondos de las AFP, por lo que asumir, como ha hecho el MEF, que el PBI crecerá 3,1% en el 2025 podría ser muy optimista.
Otro temor es que, como también ha advertido el CF, el MEF ha vuelto a plantear un gasto total diseñado para que el déficit fiscal cierre el año en la meta fijada por las reglas macrofiscales, incrementando la posibilidad de que cualquier gasto imprevisto o una menor recaudación de la esperada hagan que el déficit la incumpla.
Pero los principales riesgos provienen del Congreso y, tomando en cuenta lo que este ha hecho desde el 2021, no es complicado prever algunos cambios que se harán a esta iniciativa.
En primer lugar, hay que dar casi por descontado que los más de S/6.876 millones que el MEF busca destinar a la reserva de contingencia, el fondo para afrontar gastos inesperados, van a volver a ser entregados a distintas entidades del Estado, incluyendo, por supuesto, al Congreso.
El MEF busca triplicar la cifra destinada a esta reserva, comparada con la que aprobó el Congreso el año pasado, pero lo más probable es que el Parlamento la recorte a la mitad, como hizo con el presupuesto del 2023, y vuelva a utilizar al menos S/300 millones para sumar a los S/822,2 millones que el MEF propone otorgarle de presupuesto.
Otra movida esperable es que modifique a sus anchas el anexo 5, que incluye los proyectos que recibirán financiamiento para el 2025, para concentrarlo en las municipalidades y regiones de mayor interés para Alianza para el Progreso.
Ojalá que el Congreso resista la tentación de utilizar el debate de la Ley de Presupuesto como una “lluvia de millones” para repartir según los intereses de las fuerzas políticas que dominan el Parlamento. Pero eso es como pedirle al Gobierno que implemente una solución razonable y oportuna al problema de Petro-Perú: prácticamente imposible.
