En el transcurso de este mes, los economistas Javier Herrera y Javier Escobal, miembros de la Comisión Consultiva de Medición de la Pobreza del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), han publicado dos columnas de opinión en las que alertan sobre la intención del Gobierno de aprobar un decreto supremo que permitiría al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) tener la competencia de medir indicadores oficiales de pobreza de carácter multidimensional.
El Midis cumple un rol importante como responsable de implementar programas sociales emblemáticos (transferencias monetarias, alimentación escolar, desarrollo productivo) que operan a escala nacional y que atienden a los sectores más pobres y excluidos del país. Asimismo, en su calidad de ente rector del sector, lidera iniciativas para articular a los tres niveles de gobierno (central, regional, local) a fin de mejorar los indicadores sociales. Por su parte, el INEI es el organismo central y rector del sistema estadístico nacional, lo que lo hace responsable de las actividades estadísticas oficiales del país. Las competencias de ambos organismos son claras y cumplen funciones específicas en la urgente agenda de lucha contra la pobreza.
Desde esta columna hemos defendido la importancia de contar con evidencia rigurosa –cuantitativa y cualitativa– para mejorar el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas sociales. Para ello, la innovación metodológica es necesaria. Los indicadores monetarios de pobreza (basados en gastos pér capita por hogar sobre una canasta básica) son útiles para hacer comparaciones a través del tiempo, pero no capturan otros aspectos claves que configuran la experiencia de pobreza, como, por ejemplo, los indicadores de educación, salud o acceso a servicios públicos. Es por ello que en el Perú ya contamos con métodos de medición complementarios, como las “necesidades básicas insatisfechas”, que incluyen indicadores relacionados a vivienda, educación, salud, etc. Como antropóloga, considero muy valioso el aporte de la perspectiva multidimensional para ampliar nuestra comprensión sobre las causas y consecuencias de la pobreza.
La mejora de las mediciones de pobreza no debe hacerse a costa de la institucionalidad ni de la autonomía del INEI. Es crucial garantizar la independencia de las estadísticas oficiales en temas políticamente sensibles como la pobreza, donde es indispensable contar con cifras que gocen de credibilidad y legitimidad. Por ello, es muy importante que el Gobierno respete las competencias del INEI y que la Comisión de Pobreza –conformada por expertos independientes– pueda deliberar con autonomía y sin ‘decretazos’ sobre las mejores rutas para fortalecer las estadísticas oficiales. Lamentablemente, el Gobierno ha sentado un pésimo precedente al pretender retrasar la presentación de las cifras oficiales de pobreza en mayo de este año. En este contexto, resulta necesario estar atentos a los resultados del concurso público para seleccionar al nuevo jefe del INEI, que está en marcha.
En cuanto al Midis, sus prioridades deben estar centradas en la mejora de la atención al ciudadano. Ya ha hecho avances significativos en el sistema de focalización y tiene en agenda iniciativas importantes para responder a la pobreza urbana y a los retos específicos de la pobreza rural. ¿Construir indicadores oficiales de pobreza constituye una prioridad cuando contamos con un organismo público especializado para ello?
Hacia adelante, es necesario que el Gobierno precise las estrategias que implementará para retomar la senda de reducción de la pobreza, reto muy complejo donde no bastan los programas sociales y donde urge un impulso de gran escala para mejorar la calidad de los servicios públicos y el acceso a oportunidades económicas de los sectores más excluidos.