No invierta en el Perú

El alcalde de Lima dilapida el dinero de los limeños. Ha gastado varios millones de soles en abogados para tratar de quedarse con los peajes de la empresa Rutas de Lima.

Rafael López Aliaga quiso terminar unilateralmente el contrato de concesión de los tramos a cargo de Rutas de Lima. La empresa contrademandó al municipio.

La Municipalidad Metropolitana de Lima contrató a la firma de abogados Foley Hoag LLP, en Washington. El monto: S/6′000.000, para atender la contrademanda, hasta el 2027.

En octubre del 2023, la municipalidad ya había contratado otro estudio de abogados. Ese monto es de casi S/13 millones (US$2,4 millones). Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, de Nueva York, fue contratado hasta el 2025 (según Infobae 1/2/2024).

López Aliaga quiso terminar unilateralmente el contrato de concesión. Para proponer una compensación gastó dinero en informes técnicos.

Para el estudio del “tráfico” de vehículos pagó casi S/804.000. Para el informe pericial de las “construcciones” involucradas, pagó S/1,5 millones. Para calcular los “daños”, el informe costó casi S/1,3 millones.

Todo este dinero fue al tacho de basura. Los montos de compensación propuestos estaban muy lejos de los varios cientos de millones de dólares invertidos.

Rafael López Aliaga no quiere que Rutas de Lima cobre peajes. Quiere que la empresa abandone la inversión realizada.

El alcalde sostiene que el contrato de concesión es írrito. Fue firmado, originalmente, por Susana Villarán, cuando era la alcaldesa de Lima, y la empresa era Odebrecht.

Susana Villarán cumple arresto domiciliario por la investigación que se le sigue. Odebrecht es una empresa corrupta, también investigada.

No hay sentencia por el caso de corrupción para la campaña de Villarán de No a la Revocatoria del 2014. Debido a las denuncias en su contra, Odebrecht tuvo que dejar sus inversiones y vender sus activos.

El alcalde López Aliaga quiere ser el juez de este caso. Declara la sentencia final del caso Villarán-Odebrecht. Concluye, sin proceso de por medio, que hubo corrupción en el contrato de concesión.

Todos podemos suponer que hubo varias transacciones corruptas entre Villarán y Odebrecht. No podemos, sin embargo, establecer la sentencia condenatoria. Eso le corresponde al juez, luego de ver la acusación.

El caso se encuentra en investigación preparatoria. En el camino, Odebrecht vendió sus activos; entre ellos, Rutas de Lima. Todos queríamos que Odebrecht se fuera y que vendiera todo.

En Rutas de Lima, Odebrecht tiene todavía un 25% de acciones. La municipalidad tiene en sus manos dar el consentimiento para modificar el contrato. Si no, Odebrecht no puede vender ese saldo de acciones. La municipalidad, sin embargo, no firma la adenda.

En lugar de hacer lo que debe hacer para que se vaya Odebrecht, el alcalde de Lima gasta inútilmente los recursos de los limeños. Millones de soles de los limeños van a parar a los abogados de Washington y Nueva York.

El hostigamiento de López Aliaga contra Rutas de Lima y sus actuales accionistas daña severamente la imagen del país. A escala internacional, establece que no hay contrato ni ley que impida a determinadas autoridades actuar contra la inversión y contra el Estado de derecho.

Con la bandera de la “anticorrupción”, el alcalde pretende, en realidad, confiscar las inversiones realizadas.

El mensaje es: “No invierta en el Perú”.