Una campaña a ciegas

El dato pasó desapercibido. El último día del 2024, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) presentó su informe anual de ataques a la libertad de expresión. En total, la organización registró 392 agresiones contra periodistas o medios de comunicación durante el año pasado, la cifra más alta desde que volvimos a la democracia. Ya se puede afirmar que los agravios a la prensa en nuestro país son cosa de todos los días sin estar hablando en sentido metafórico.

Revisando el documento, uno puede concluir, con preocupación, dos cosas. La primera es que, salvo quizás a unos pocos colegas, a nadie le importa los ataques a los periodistas. Estos ocurren de múltiples formas y sin que los agresores se esfuercen por ocultar las huellas de sus acciones. Si en algún momento nuestras autoridades se preocuparon, genuinamente o no, por lucir como respetuosas de la crítica y el escrutinio periodístico –lo que en buena cuenta equivale a mostrarse respetuosas de la democracia–, esos días ya son historia. Ahora incluso publicitan en sus redes sociales las cartas notariales que envían a tal o cual medio de comunicación, como si fuesen verdaderos logros de gestión.

Volviendo al reporte de la ANP, decía que había otra conclusión preocupante. Y es que la cifra del 2024 confirma que las agresiones contra la prensa no dejan de crecer. Hace poco más de un año, escribí en este espacio que los 352 ataques contabilizados por la ANP en el 2023 establecían un récord. Pero lo mismo podría haber escrito del 2022, cuando se registraron 303 agresiones. Por lo que, si nada cambia (y en realidad nada parece hacerlo), este año será todavía peor. Después de todo, el 2025 no lleva ni dos meses y ya registra un periodista asesinado –Gastón Medina, en Ica–, algo que no ocurría en suelo peruano desde hace ocho años. Medina, ha contado su viuda, llevaba años recibiendo amenazas por sus reportajes contra las autoridades iqueñas y el crimen organizado que incluyeron un atentado con explosivos a la sede del canal de televisión que dirigía.

Todos estos ataques, sin embargo, no aparecen de la nada. Echan raíces y florecen en un terreno abonado por la indiferencia de las autoridades, de la sociedad y, por qué no decirlo, también de un sector de la prensa. Permítanme poner solo un ejemplo, bastante reciente. Como bien ha recordado Federico Salazar el domingo en este Diario, desde hace días el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, viene librando una auténtica cruzada contra Nicolás Lúcar en sus redes sociales que incluye alusiones a un episodio de la vida privada del periodista. Y muy pocos, incluso dentro del gremio periodístico, han protestado por ello.

Se puede estar de acuerdo o no con Lúcar, pero de ninguna manera deberíamos consentir que una autoridad acose ante nuestros ojos a un periodista por hechos que, además, nada tienen que ver con su trabajo. Si miramos hacia otro lado solo porque el agraviado no nos cae bien, no comparte nuestra postura ideológica o no forma parte de nuestro círculo, entonces nuestro compromiso con la libertad de expresión se termina donde acaban nuestras simpatías.

Esto que digo no es una frivolidad. Porque es en este contexto de periodistas tiroteados, de autoridades orgullosas de repartir cartas notariales a todo el que las mencione, de agresiones que no despiertan la protesta de nadie y de un país que roza los 400 ataques a la libertad de expresión al año, que vamos a entrar a la campaña electoral del 2026. Una en la que, tal y como vamos, terminaremos viendo a candidatos orgullosos de perseguir judicialmente a algunos periodistas, a criminales atentando contra otros y a medios optando por no cubrir parte de la contienda electoral para resguardar la integridad de sus reporteros. Será, en otras palabras, una campaña a ciegas. Y mucho me temo que para entonces todo eso nos parecerá normal. Como, de hecho, ya nos parece.