Macarena Costa Checa

En se libra una guerra por el agua. Sabemos que la crisis del agua no es nueva, pero hoy ha alcanzado niveles insostenibles. Y, como siempre, en el Perú solo reaccionamos cuando las cosas llegan al borde del abismo.

Es urgente que miremos lo que está pasando en el norte. Es aún más importante que no desviemos nuestra atención una vez que ‘llegue la lluvia’ o se aplique un parche temporal a la crisis.

Piura, una región agrícola –actividad cuyo insumo fundamental es el agua–, pero donde el 80% de la población no tiene acceso a la red pública de agua potable (INEI, 2021).

Piura, donde hoy pequeños agricultores ‘roban’ agua de canales destinados al consumo humano para salvar sus cosechas. La amarga ironía no pasa desapercibida. En la desesperación por asegurar su subsistencia económica, están menoscabando el acceso a agua potable para su propio consumo. Así de brutal es la situación: elegir entre beber o trabajar para sobrevivir.

En el Perú nos hemos acostumbrado a que las cosas no funcionen, incluso en algo tan básico como el acceso a un recurso vital.

La seguridad hídrica no es solo eso; es seguridad agrónoma que, a su vez, es seguridad alimentaria. Es desarrollo humano y económico. Es la base de la vida misma y es una herramienta clave para salir de la pobreza.

La complejidad y las especificidades técnicas de la gestión del agua en Piura imposibilitan explicar a detalle la magnitud del problema en estas palabras. Pero, como todo, es también un tema profundamente político. Al final, es el Estado el que tiene la responsabilidad sobre el agua. Y, aunque hay múltiples actores involucrados –la ANA, el gobierno regional, la prestadora del servicio, los ministerios de Vivienda y Desarrollo Agrario, y más–, es el Gobierno Central el que debe liderar con coordinación, acción y decisión. Ya no hay margen para culpas compartidas ni para mirar hacia otro lado.

La guerra por el agua en Piura no es solo un reflejo de negligencia estatal; es síntoma de un sistema que permite que lo esencial colapse. El agua es un derecho humano, pero en la práctica es un privilegio, y cada día que pasa sin soluciones estructurales, la vida y el trabajo de miles de peruanos está en riesgo. Esta crisis no es un problema técnico aislado; es una falla colectiva de liderazgo.

Piura no puede ser una región que se ahoga en sus propios problemas hídricos. Resolver esta crisis –en el corto y el largo plazo– no es una opción, es un deber. No es solo cuestión de justicia, ni de grandes pérdidas económicas, sino de supervivencia.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

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