Si se aprueba la ley que promueve Américo Gonza para elevar las penas por difamación, el primer condenado tendría que ser él. Esta semana, sin aportar prueba alguna, el congresista de Perú Libre dijo en Nativa que Harvey Colchado está malversando fondos protegido por la fiscal de la Nación, “con quien tiene un parentesco”. Declaraciones que le valdrían una pena de 4 años si nos ceñimos al proyecto de su bancada.
Gonza, investigado como uno de los cabecillas de la red criminal que cobró sobornos para los ascensos en la PNP, dice que sustentó el proyecto para “defender el honor de 33 millones de peruanos”. Un proyecto cuyo autor es su colega de bancada Segundo Montalvo, el principal impulsor de la legalización de los colectiveros. Un sujeto que tiene el brevete cancelado por multas y suma cinco procesos penales.
Está claro que el único propósito del proyecto que presentó Perú Libre es la venganza. Qué coincidencia que entre denuncias de ‘Niños’ y ‘mochasueldos’ ahora aparece una iniciativa que busca amenazar a los medios independientes que han sacado a la luz serios casos de corrupción y otros delitos que involucran a varios congresistas. Qué coincidencia que el proyecto emane de un partido cuyo ideario desprecia a la prensa independiente, defiende controles a los contenidos de los medios y cita a Lenin y Castro como referentes de la libertad.
Legisladores de todas las bancadas apoyaron en primera votación esta ley mordaza que ni siquiera fue sometida a debate. La sustentación no duró ni cuatro minutos. De los 69 que votaron a favor, 25 tienen investigaciones abiertas en la fiscalía.
Esta no es la única cruzada revanchista del Congreso. Además del proyecto de Renovación Popular que busca la colegiatura obligatoria de periodistas, existe otro de Perú Libre que exige a las empresas de radiodifusión de señal abierta una cuota del 40% de su programación para folclor y música nacional. La iniciativa no exime a los medios especializados. Es decir, una radio de música clásica estaría obligada a dedicar casi 8 horas de contenido diario a lo que Perú Libre determine como producción nacional. Si no lo hace, le retiran la licencia. Esto no es otra cosa que un plan descarado para controlar los contenidos de los medios privados.
Según ECData, en los últimos cinco períodos parlamentarios se han presentado 94 proyectos orientados a restringir las libertades informativas. Uno cada dos meses. Desde la ley Mulder hasta el intento de Becerril de sancionar a fiscales que compartan información a periodistas. Esto solo deja en evidencia la desesperación de ciertos políticos ante investigaciones periodísticas que exponen sus bajezas. Hoy, un grupo de congresistas quiere castigar a la prensa mediante la persecución penal con el fin de provocar la autocensura. No perdamos de vista quiénes son. Frente a sus amenazas, la única respuesta posible de nuestra parte es más periodismo.