:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/07d0a197-a3dd-4348-bece-b2d00050106d.png "María Cecilia Villegas")
El déficit fiscal está cerca del 4% y es el más grande que ha tenido el Perú en los últimos 30 años. Con este, serán dos años seguidos que se incumple la regla fiscal. ¿Por qué esto es importante? Porque la regla fiscal es un instrumento de planeación financiera que establece límites puntuales sobre el balance fiscal en función del nivel de deuda pública y cuyo objetivo es garantizar la credibilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas. Las reglas macrofiscales, por ejemplo, establecen topes al déficit y a la deuda pública como porcentaje del PBI y, además, topes al aumento del gasto no financiero y del gasto corriente sobre el cálculo del crecimiento de la economía peruana de los 20 años anteriores. Y ha sido precisamente la política fiscal conservadora de los últimos 30 años y un crecimiento económico adecuado lo que nos permitió lograr avances significativos en la reducción de pobreza y la desigualdad. El modelo peruano, tan celebrado en el exterior, está basado precisamente en estas reglas.
Y, si bien en el Perú logramos un manejo macroeconómico del primer mundo, no logramos hacer las reformas necesarias para fortalecer nuestras instituciones. La destrucción sistemática de la institucionalidad, lograda a través de reformas políticas, nos ha llevado a tener una clase política que no representa a los ciudadanos, que no rinde cuentas y que, en realidad, se vende al mejor postor. Los políticos hoy se han convertido en representantes de intereses ilegítimos.
El Consejo Fiscal ha venido llamando la atención sobre el manejo de las finanzas públicas. El último se refiere al presupuesto público 2025 aprobado por el Congreso donde, sin criterio técnico alguno, tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como el Congreso han introducido iniciativas que incrementan el gasto público sin haberse cuantificado ni identificado las fuentes de financiamiento correspondiente. El Congreso, por ejemplo, ha reasignado las partidas presupuestales y, entre ellas, se aumentó su propio presupuesto en 35%. Pero, para no ser el único con mayor presupuesto, y pese a que nos encontramos en un contexto en el que debería haber austeridad, el Congreso aumentó en casi el doble de lo establecido en el marco macroeconómico multianual el gasto en remuneraciones. Así, si bien este solo podía crecer S/2.200 millones, el Congreso destinó un presupuesto para remuneraciones de S/3.700 millones, rompiendo una de las reglas fiscales.
Pero el Congreso no solo ha aprobado artículos en la ley del presupuesto que incrementan el gasto público, sino que también ha incluido otros tantos que reducen impuestos, generando grandes desequilibrios en el presupuesto de la república. Por ejemplo, hace unos días se aprobó una extensión a la tasa especial de 8% del IGV para los restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos. Ello, pese a que el Ministerio de Economía y Finanzas se había manifestado en contra de la nueva exoneración al considerar que esta no había cumplido su objetivo, ya que no se tradujo en una reducción de los precios al consumidor ni aumentó tampoco la formalización.
El incremento del gasto público y las exoneraciones fiscales aprobadas por el Congreso, ante la pasividad –y, en muchos casos, la complicidad– del Ministerio de Economía y Finanzas, perforan las finanzas públicas y están yendo en contra de lo que con tanto celo habíamos cuidado los últimos 30 años. El costo lo pagaremos todos los peruanos.
