:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/2c2632fc-d52a-4787-b1a9-5ef663f1eae0.png "Jaime de Althaus")
Hace meses que venimos advirtiendo acerca de la necesidad de preparar una buena ley de minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) que se apruebe en esta legislatura porque el 31 de diciembre vence el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y de lo que se trata es de que el Congreso no lo vuelva a prorrogar una vez más.
Como sabemos, el Reinfo se ha convertido, en la práctica, en la patente de corso de la minería ilegal. Quienes están en el Reinfo, supuestamente en proceso de formalización, pueden transportar y comercializar el oro, aunque sea de origen ilegal. La criminalidad vinculada a esa actividad ha alcanzado tal magnitud que simplemente dicho registro no debe ser prorrogado.
El problema es que ya hay varios proyectos en el Congreso para hacerlo, y los mineros informales de Confemin han convocado a una movilización general a Lima para el 11, 12, 13 y 14 de noviembre, a fin de exigirlo (superponiéndose con el inicio del APEC).
Por supuesto, no todos quienes están en el Reinfo son ilegales. Muchos son informales, pero el Reinfo ya no es viable no solo porque se ha convertido en un instrumento de la criminalidad, sino porque tampoco ha servido para formalizar. Se requiere entonces una ley MAPE realista que pueda facilitar e incentivar la formalización, haciéndola atractiva. Son cientos de miles de peruanos que tienen que ser atraídos a la formalidad. Una buena ley MAPE sería el mejor medio para encapsular y eliminar la minería ilegal, y un punto de inflexión histórico en la consolidación del Estado de derecho y en la incorporación de vastos sectores andinos al Estado legal.
El Minem ha preparado y socializado un proyecto de ley, pero aún no lo envía al Congreso. Censurablemente, Confemin no quiso discutirlo. Concentra temporalmente la culminación de la formalización en el Minem, para devolver luego la gestión de ese sector a los gobiernos regionales, que no han demostrado capacidad, sino corrupción. Pero se requiere simplificar radicalmente la permisología, algo que vale para toda la minería y que sigue pendiente.
El obstáculo principal es que la mayor parte de los informales está en concesiones de terceros. El proyecto plantea incentivos a los dueños de las concesiones para que firmen contratos de explotación, tales como exoneración de derecho de vigencia y penalidades por dos años, y que eventuales daños ambientales sean de responsabilidad de quien los realiza. Por supuesto, tendrían que salir de las áreas de operación directa de la empresa.
El proyecto debería contemplar regularizar y concesionar plantas de procesamiento formales en las distintas zonas dándoles el rol clave de formalizar hacia atrás, convirtiéndolas en agentes retenedoras de un impuesto a la renta simplificado, y albergando oficinas de Sunat, Sucamec, Ingemmet, Minem, bancos, etc., para dar asistencia técnica y facilitación a los pequeños mineros. OEFA y Osinergmin deben supervisar todas las plantas, no solo las grandes.
Se requeriría un censo que ubique a los informales y ayude a definir distintos tipos de configuraciones y estrategias.
La formalización de este sector es decisiva para el futuro del país.
