Ocho no son suficientes

Lo que ocurrió esta semana en la bancada de Acción Popular (AP) fue un terremoto. Ocho de sus 15 integrantes –es decir, más de la mitad– renunciaron a ella a raíz de la elección del parlamentario Darwin Espinoza como vocero. La elección se dio, al parecer, con arreglo a los mecanismos internos aceptados por toda la bancada (y con el apoyo de al menos uno de los que luego la repudiaron), por lo que el cuestionamiento tiene que haber obedecido a razones distintas a las de un eventual vicio en el proceso. Razones que, a decir verdad, no son difíciles de adivinar.

Espinoza, como se sabe, es uno de los 13 legisladores de ese partido investigado por el Caso ‘Los Niños’, que, según la fiscalía, consistió en un intercambio de favores entre tales congresistas y el expresidente Pedro Castillo: ellos votaban a favor del gobierno frente a iniciativas de vacancia presidencial o censura de ministros, y él les aseguraba la contratación de sus allegados en puestos de trabajo dependientes del Ejecutivo. En lo que concierne en particular al mencionado parlamentario, además, se conocieron en las últimas semanas denuncias que lo vinculan al caso de Sada Goray, que comprende una saga aparte de presuntos acuerdos corruptos con el golpista y su entorno.

Se entiende, por lo tanto, la incomodidad que la perspectiva de ser representados en la Junta de Portavoces por una persona rodeada por esa inquietante aureola habría generado en los renunciantes… Lo que no se entiende, en cambio, es por qué esa misma incomodidad e indignación no se mostró antes en circunstancias similares. Como, por ejemplo, en la legislatura pasada, cuando tenían por vocero a Elvis Vergara, comprometido también en el caso al que antes aludíamos. Acaso la explicación sea que, dentro de la bancada acciopopulista, la posibilidad de lanzar la primera piedra con relación a ese feo asunto haya sido vista hasta ahora como una temeridad, pues, como decíamos, 13 de sus miembros están bajo la lupa del Ministerio Público por el motivo ya señalado.

En realidad, el grupo parlamentario de AP viene arrastrando desde hace tiempo una severa crisis de imagen, por decir lo menos. A la sombra del escándalo de ‘Los Niños’, han aparecido otras denuncias que convierten a los legisladores de la lampa en una especie de síntesis de todo aquello que la ciudadanía repudia en estos momentos en la representación nacional. A saber, la vocación indeclinable por aprovecharse del cargo y, habida cuenta de que no hay reelección congresal inmediata, apechugar con las consecuencias.

Todos tenemos presentes, en efecto, las acusaciones que pesan sobre los distintos integrantes de ese grupo parlamentario, ya sea por quedarse con parte del sueldo de sus trabajadores, por emprender viajes financiados por empresas privadas que luego podrían verse favorecidas por leyes que ellos aprueban, por maltratar a colegas de otras bancadas o por impulsar reformas constitucionales para, por ejemplo, restituir la inmunidad parlamentaria de manera que pueda garantizar la impunidad de los legisladores en líos con la justicia. Y nada de eso había producido hasta ahora renuncias como las verificadas dos días atrás. En consecuencia, es probable que tales renuncias sean solo un episodio más de esa crisis y que no basten para resolverla.

En el partido saben que lo que viene ocurriendo con sus representantes en el Legislativo les va a pasar una cuenta ominosa y por eso el recién reconocido secretario general nacional, Edmundo del Águila Morote, anuncia expulsiones como corolario de un proceso disciplinario que todavía ni siquiera ha empezado. Pero todo indica que el control de daños va a ser insuficiente y tardío.

El capital político de Acción Popular se ha basado siempre en la honestidad de varios de sus líderes más identificables; particularmente, el dos veces presidente Fernando Belaunde Terry. Con lo que viene ocurriendo con quienes hoy visten los colores de esa organización política en el Parlamento, sin embargo, ese capital está siendo dilapidado.