Editorial El Comercio

Mencionábamos ayer en estas páginas que nadie que haya estado siguiendo la trayectoria del y las dotes de elocuencia de la presidenta podía estar demasiado entusiasmado con el mensaje presidencial de Fiestas Patrias. Aún así, la presentación de la mandataria ayer en el hemiciclo del Congreso fue peor de lo anticipado.

Su ponencia fue todavía más extensa que la del año pasado. Esta vez se tomó cinco horas en leer su discurso. Un exceso por donde se le mire. Lo único que podía garantizar tal extensión era que los pocos anuncios relevantes que contenía quedaran sepultados en un océano de cifras y lugares comunes que no deberían pasar de ser un anexo estadístico. La presidenta, por supuesto, debe saber que una presentación de esta naturaleza no puede suplir el silencio que le ha concedido a la prensa en los últimos meses.

Como se especulaba, el anuncio de un proyecto de ley para crear un ministerio de infraestructura que manejará un presupuesto aproximado de S/17.000 millones fue probablemente lo más notorio del discurso. En principio, no es una mala idea –otros países lo tienen–, pero nada garantiza por ahora que esta nueva entidad no repita los mismos problemas que han tenido otras –como los ministerios de Transportes y Comunicaciones, o Vivienda, Construcción y Saneamiento– para avanzar en las obras pendientes. Aquí no hay mayores novedades ni motivos para el optimismo. El riesgo, por supuesto, es que la burocracia más bien se incremente con un pliego más, la corrupción encuentre un nuevo nido (sería el ministerio con el mayor presupuesto de inversión) y los resultados sean los mismos o peores.

La gran deuda fue la política de seguridad ciudadana. Este era el tema más esperado, y más allá de algunas cifras controversiales no se escucharon planes concretos. Boluarte mencionó, por ejemplo, que el año pasado se desarticularon “más de 11.600 bandas criminales y 180 organizaciones criminales”, estadísticas que exceden por lejos cualquier registro de detenidos o de población penitenciaria. Las alusiones a los programas Amanecer Seguro y Retorno Seguro palidecen frente a la gravedad del problema. Respecto del avance de las economías criminales, principalmente la minería ilegal, se omitieron las referencias a las facilidades que ha dado el Congreso, con el apoyo tácito del Ejecutivo, para que sigan operando. De hecho, en cinco horas no hubo espacio para críticas al Legislativo, a pesar de la agenda interesada y destructiva que vienen persiguiendo los parlamentarios.

Indiferente a los escándalos de corrupción que vienen persiguiendo su gestión –y a ella misma–, Boluarte se mantuvo en el libreto de víctima en este aspecto. Particularmente llamativa fue la crítica de la presidenta al gobierno del golpista Pedro Castillo que ella integró. La mandataria que fue ministra del hoy preso expresidente no tuvo ninguna autocrítica de los daños que dicha gestión le hizo al país y habló como si no hubiera sido parte activa de dicho gobierno. Y como para reforzar gráficamente el mensaje de que no existen mayores lecciones o arrepentimientos de su parte, ahí estaba en cámaras, en palco privilegiado del hemiciclo, la imagen del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, quien encabeza más de una investigación de la fiscalía por corrupción.

El año pasado se podía conceder a la presidenta Boluarte algún margen adicional de tolerancia por un discurso de Fiestas Patrias mal estructurado y casi pensado –por su extensión y contenido– para que no sea escuchado. Llevaba menos de un año en el cargo, con dos primeros meses sumamente convulsos. Este año no tiene ninguna disculpa. Pasará a la historia nacional, más bien, como un ejemplo paradigmático de lo que puede ser hablar mucho para decir realmente muy poco.

Editorial de El Comercio

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