Cambio de estrategia

No es inusual que los imputados con acusaciones graves cambien de estrategia a medio camino, mientras el proceso penal va avanzando, y el peso de las evidencias, cerrando puertas. Pero lo interesante con los casos de Mateo Castañeda, exabogado de la presidenta Dina Boluarte, y de Nicanor Boluarte, hermano de esta, ambos investigados por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), es que quien debería estar forzada a cambiar de enfoque es la propia mandataria.

La semana pasada fue especialmente complicada para los procesos de ambos imputados. En cuanto a Castañeda, las declaraciones de un excliente suyo y hoy aspirante a colaborador eficaz del Eficcop, Francisco Iván Siucho, han prestado nuevo material al Ministerio Público para fortalecer el pedido de prisión preventiva en su contra. En concreto, Siucho cuenta que Castañeda le habría pedido firmar un recibo falso para justificar los S/15.000 en efectivo que Eficcop halló durante el allanamiento de la oficina del abogado. A cambio, Castañeda le habría prometido “el archivo del caso seguido en contra de Siucho Neira y su familia [...] en atención a la afinidad que tenía con el fiscal responsable de dicha investigación”. La historia contiene además manipulación de testigos, evidencias provistas por Siucho sobre sus tratos con Castañeda, visitas impropias a fiscales y hasta supuestas relaciones masónicas. Es importante mencionar que Mateo Castañeda ha negado las imputaciones.

Al mismo tiempo, para preocupación del hermano de la presidenta, su amigo de infancia, Víctor Hugo Torres Merino, siguió los mismos pasos que Siucho frente al Eficcop. Ambos están investigados por el Caso Waykis en la Sombra y la colaboración con la fiscalía también contribuye a folios de pedido de prisión preventiva, esta vez contra Nicanor Boluarte. Los presuntos delitos incluyen influencias en la designación de prefectos y subprefectos para fines políticos personales, contratos políticos amañados, contrataciones de personal indebidas en el Estado y destrucción de evidencia.

Ambos testigos, pues, complican las estrategias legales de personajes directamente involucrados con la mandataria. Y en vista de estos embrollos, que no hacen más que crecer semana a semana, quien realmente debería cambiar de tácticas de defensa es la propia presidenta de la República. No es menor, por ejemplo, que la mandataria haya considerado apropiado incluir a su hermano –que carga con estas imputaciones– entre la exclusiva audiencia del mensaje de Fiestas Patrias.

Hay, por supuesto, una arista legal que considerar. Pero para efectos inmediatos son las aristas políticas y comunicacionales las que más debilitan la imagen de la presidenta respecto de cómo se vienen manejando estas relaciones tóxicas. En ella, la reacción de víctima es su primer acto reflejo, seguida de acusar a la justicia de tener un juego sucio en su contra.