Editorial: Contra la institucionalidad

La prematura salida de los hasta hace poco comandantes generales del Ejército y la FAP se ha convertido en una ola difícil de sortear para el Gobierno que amenaza con seguir creciendo. Hasta ahora, los sucesos conocidos pintan el grave cuadro de un gobierno intentando influir irregularmente en los procesos internos de ascensos de las Fuerzas Armadas. Pero para entender frente a qué escenario nos encontramos, veamos primero los hechos.

El miércoles de la semana pasada, los hasta entonces comandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y la FAP, Jorge Luis Chaparro, fueron pasados al retiro a través de dos resoluciones supremas firmadas por el presidente Pedro Castillo y el ministro de Defensa, Walter Ayala. Tanto Vizcarra como Chaparro habían sido nombrados por Castillo y Ayala el pasado 3 de agosto y se enteraron de sus prematuros relevos leyendo “El Peruano”. Nadie en el Gobierno –según afirmaron ambos– les explicó por qué se los estaba sacando de los puestos para los que se los nombró hace tres meses y seis días. Aunque ambos tienen una pista.

Como se sabe, en esta época del año suelen llevarse a cabo los procesos de ascensos dentro de las instituciones armadas. Según contó el general Vizcarra en RPP, fue en este contexto que recibió algunos pedidos del secretario de la presidencia, Bruno Pacheco, y del ministro Ayala para promover a varios cuadros, pero que pusieron especial énfasis en dos nombres: los de los coroneles Carlos Sánchez Cahuancama y Ciro Bocanegra (este último, hijo del profesor Augusto Bocanegra, coterráneo y amigo personal del presidente Castillo). Sánchez y Bocanegra, tal y como reveló este Diario, visitaron Palacio de Gobierno –el segundo, además, acudió al Congreso para reunirse con el legislador oficialista Elías Varas– antes y durante los procesos de ascensos en las FF.AA.

Agrega Vizcarra que él se negó a ambas solicitudes porque ninguno de los dos calificaba para los ascensos (“no tenían los puntajes correspondientes ni las atribuciones [desde] el punto de vista ético”). Y que, cuando le explicó al presidente Castillo esto, él le consultó sobre “cómo hacer para poder ascender al señor Ciro Bocanegra”. “Yo le manifesté que, si él deseaba ascenderlo, le podía sugerir que haga una resolución donde él tenía la posibilidad de otorgarle una vacante, [pero] le expliqué que el impacto negativo sobre la institución iba a ser grande porque ese señor no era merecedor [del] ascenso”, narró. En diálogo con este Diario, reveló además que el mandatario le mencionó por WhatsApp que tenía “un encargo” sobre el proceso de ascensos.

También en conversación con este Diario, el otro comandante general cesado, Jorge Luis Chaparro, de la FAP, comentó que el secretario general de la presidencia “me llamó por teléfono para pedirme que ascienda al general Briceño”. Y que el ministro Ayala también le pidió “por el general Briceño, por el coronel Carlos Castillo y por el coronel Vilca, si no me equivoco”.

El titular de Defensa, por su parte, ha contestado utilizando un argumento legalista: que ambos pases al retiro son una prerrogativa del presidente, como si este pudiese decretarlas por el solo hecho de que le da la gana, sin necesidad de fundamentar sus decisiones ni explicárselas tanto a los implicados como a la ciudadanía. En el colmo de la desfachatez, llegó a sugerir que la denuncia del general Vizcarra estaba motivada por el despecho. “Es como un matrimonio, que han estado juntos, y cuando se separan salen a decir cosas que no son”, expresó.

La circunstancia ha motivado el rechazo de exministros de Defensa de diferentes gobiernos, como Pedro Cateriano, Jorge Nieto o Walter Martos y varios abogados consultados por este Diario han advertido de que el Ministerio Público debería iniciar una investigación preliminar por el posible delito de tráfico de influencias.

Como decíamos al inicio, todo parece indicar que nos encontramos frente a un intento irregular del Gobierno por interferir en los procesos internos, la meritocracia y la autonomía de las FF.AA. En suma, frente a una ofensiva contra la institucionalidad desde el nivel más alto del Ejecutivo. Un cuadro tan grave que, por lo que han contado los señores Vizcarra y Chaparro, no parece que se arreglará solo con la inminente salida del ministro Ayala.