De procuradores y blindajes

La historia de María Caruajulca como procuradora general del Estado bien podría servir para ilustrar las intenciones que el gobierno del presidente Pedro Castillo tiene para dicha institución. Hablamos de una entidad que se ha mantenido en un discreto segundo plano mientras los indicios de corrupción en la cúpula de esta administración han venido incrementándose a un ritmo pasmoso.

Caruajulca, vale recordar, fue nombrada inmediatamente después de la ilegal y arbitraria destitución de su antecesor, el procurador Daniel Soria Luján, en febrero de este año. Es decir, llegó a un cargo ya manchado. A Soria, como mencionamos en su momento en este Diario, se lo destituyó groseramente por ‘osarse’ a denunciar al presidente Castillo ante la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias en el caso conocido como Puente Tarata III.

La pantomima ejecutada por esta administración para removerlo fue, a decir verdad, bastante burda. Primero, el abogado personal del mandatario, Eduardo Pachas, pidió que se lo destituyese por supuestamente no reunir los requisitos legales para el cargo (en el que Soria se desempeñaba desde el 2020). Luego, el entonces ministro de Justicia y abogado por motu proprio del jefe del Estado, Aníbal Torres, anunció que ‘revisarían’ su nombramiento. Después, la Oficina de Control Institucional (OCI) del Ministerio de Justicia (Minjus) –es decir, de la entidad encabezada por Torres– emitió un cuestionable informe que iba en la línea de lo señalado por Pachas. Y finalmente, con las rúbricas del mandatario y de Torres, el Gobierno cesó a Soria el 1 de febrero alegando una supuesta pérdida de confianza que, para los funcionarios como él, sencillamente no constituía causal de remoción.

Por todo lo anterior, exprocuradores como Yván Montoya y José Ugaz han calificado en este Diario dicha destitución como ilegal y arbitraria. Y fue, además, la primera señal de que el gobierno de Castillo no mostraba el menor desparpajo en castigar a todos aquellos que intentasen poner la lupa sobre sus fisuras. Algo que, meses después y luego de haber visto los intentos desvergonzados del régimen por neutralizar el trabajo del coronel Harvey Colchado y de haber presentado un proyecto de ley para sancionar a todos aquellos que filtren los detalles de las investigaciones que involucran a los familiares y allegados del jefe del Estado, cobra mayor sentido.

En reemplazo de Soria, como sabemos, se nombró a Caruajulca, una procuradora que llegó a la cabeza de la institución sin mayores méritos que exhibir y que ha mantenido en los últimos ocho meses un silencio que no puede considerarse de otra manera que cómplice. Sucede que el procurador general del Estado, como se sabe, es el único de los procuradores que está facultado para denunciar penalmente a altos funcionarios, como el presidente o los ministros. Y ello, en un contexto en el que tanto el mandatario como numerosos integrantes del Gabinete Ministerial se encuentran inmersos en investigaciones fiscales por delitos de corrupción, convierte al puesto en uno esencial para evitar que la impunidad termine asentándose e imponiéndose en la cúpula del Estado.

Por ello mismo, preocupa que el reemplazo de Caruajulca (quien fue removida del cargo ayer, luego de que la OCI del Minjus advirtiera la semana pasada sobre posibles irregularidades en su nombramiento) sea el abogado Javier León, quien se encuentra investigado en el Ministerio Público por delitos como apropiación ilícita para delinquir, falsificación de documentos y fraude procesal en un caso que involucra al narcotraficante Fernando Zevallos, alias ‘Lunarejo’.

Cuesta creer que no existan personas mejor preparadas y sin cuestionamientos de por medio que puedan asumir las riendas de una institución como la Procuraduría General del Estado, que tanto respeto y admiración se labró en el pasado reciente en mérito de sus acciones. Hoy, esta entidad parece haberse reducido a fungir de comparsa del Gobierno o, cuando menos, de un observador que mira cómo las señales de que están saqueando al Estado se arremolinan una detrás de otra mientras él permanece catatónico.