El pasado fin de semana, hemos sido testigos de una nueva manifestación que exigía la salida del presidente Pedro Castillo frente al desgobierno de su administración y los innumerables indicios de corrupción de los últimos meses. Desde estas páginas, saludamos a quienes han salido a las calles a mostrar su indignación y a reclamar cambios para bien del país. Los motivos para un recambio en Palacio de Gobierno son válidos –y desde este espacio editorial nos hemos manifestado a favor de la salida de Castillo–, pero la concurrencia a las marchas aún podría fortalecerse a favor de incluir más sectores y perfiles.
Hay razones de sobra para salir a las calles. Las encuestas de expectativas sobre la situación familiar futura y sobre la economía a tres meses están en un terreno marcadamente negativo. Además, de acuerdo con Ipsos, en mayo tan solo uno de cada cinco peruanos aprobaba la gestión del presidente Castillo, y más de la mitad de la población se inclinaría por una solución política que incluya la salida del jefe del Estado. Mientras el sector público se atrofia con copamientos indebidos, los indicios de corrupción se acumulan semana a semana.
Pero también se percibe hartazgo. Por eso, resulta contraproducente los intentos de cooptación de marchas legítimas por políticos que han perdido legitimidad. Por ejemplo, el protagonismo en la marcha del sábado pasado de Manuel Merino, excongresista de Acción Popular que ocupó brevemente la presidencia en el 2020, fue sin duda un repelente político para más de un potencial participante a una convocatoria que demandaba la salida del presidente Castillo. Mientras estas sigan siendo las caras visibles de las protestas, el presidente podrá seguir durmiendo tranquilo en Palacio de Gobierno.
Este punto débil, además, es aprovechado con facilidad por el Gobierno para desmerecer la indignación ciudadana. Consistente con su libreto de victimización, el presidente Castillo indicó falsamente –a propósito de la marcha– que la democracia “está siendo atacada y usada por oscuros personajes que van contra los intereses del país”. Frente a declaraciones como esta, quienes organizan las marchas deberían apuntar a una convocatoria más amplia, de distintas fuerzas políticas, algunas hasta antagónicas, y sumar también a jóvenes universitarios y colectivos civiles que han sido en las últimas décadas grandes motores del cambio en las calles.
Las manifestaciones populares pacíficas deben seguir siendo una herramienta de presión política contra el Gobierno en los meses siguientes. Quienes, a pesar de todo, han acudido a las calles para exigir un gobierno más competente y más transparente están y estarán del lado correcto de la historia (a pesar de que muchas veces hayan sido motivo de un injustificado escarnio en las redes sociales). Pero muy poco podrá lograrse si no se amplía la convocatoria a nuevas fuerzas y nuevos rostros.