Editorial: El momento es hoy

A pesar de su corta gestión, el presidente Pedro Castillo ya conoce bien lo que es estar contra las cuerdas. Diversos escándalos de calibre grueso han estallado sobre él o su entorno cercano, y su falta de transparencia y de pericia política para enfrentarlos explican que su aprobación popular, según Ipsos, haya caído del 42% en octubre pasado al 25% en febrero del 2022.

Durante los episodios más comprometedores de los últimos siete meses, el mandatario optó por transmitir mensajes a la nación para dar su versión de los hechos. A inicios de mes, por ejemplo, anunció en una de estas apariciones televisadas que su nuevo Gabinete –estrenado hacía tres días y liderado por Héctor Valer– no iba más. En aquel entonces, evitó cualquier autocrítica sobre los pésimos nombramientos ministeriales que motivaron la caída del equipo ministerial y, más bien, culpó a exfuncionarios del Gobierno de formular “declaraciones irresponsables” que alimentaban “la inestabilidad y la incertidumbre política”.

Pero el mensaje a la nación que el país vio ayer por la mañana supera incluso a los anteriores en su nivel de desvergüenza y desfachatez. En medio de la crisis más grande que ha atravesado su gobierno debido a las imputaciones de la lobbista Karelim López sobre el supuesto entramado de corrupción que alcanza al propio mandatario, el presidente Castillo dio la cara con un libreto de apenas 90 segundos.

En su alocución, el presidente “exige” a la fiscalía (como si el Ministerio Público no fuese un actor independiente del Ejecutivo) continuar con la investigación y que “en el plazo más breve dé las explicaciones objetivas coherentes con la justicia [sic]”. La incoherencia, más bien, es que, a renglón seguido, el mandatario acusa a la misma fiscalía –a la que siete segundos atrás le había exigido continuar con su labor– de formar parte de “un complot para desestabilizar al Gobierno”. Para no perder la costumbre, Castillo terminó acusando a “un sector minoritario” de buscar la vacancia “para no solucionar los grandes problemas que tiene nuestra patria”.

La estrategia es, pues, exactamente sobre la que alertamos en estas páginas ayer: la victimización como única divisa del presidente. Castillo no solo es incapaz de reconocer sus errores, sino que es cada vez más claro que es también incapaz de reconocer la fragilidad de su propia situación política.

Así la cosas, las salidas viables pasan necesariamente por las manos del Congreso de la República. Pero no se puede pasar por alto que cinco congresistas de Acción Popular fueron también implicados por López en las presuntas mafias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El comunicado en respuesta de la bancada de Acción Popular, que “repudia” que se manche el “trabajo y la honra” de los congresistas del partido, es lamentable.

Sin embargo, el Congreso es el llamado a tomar la iniciativa. Si la permanencia del presidente Castillo se vuelve cada día que pasa más dañina para el tejido institucional del país, la respuesta debe venir de los pasillos legislativos. Esta respuesta, por supuesto, debe ser seriamente meditada, planteada acorde con el ordenamiento constitucional y ajena a los intereses personales de los mismos parlamentarios. Los gestos de desprendimiento en política son infrecuentes, pero si había algún momento clave para que el Congreso demuestre que puede poner los intereses del país por encima de los propios, ese momento es hoy.